Montero encara la asunción de deuda autonómica y busca apoyo a los Presupuestos

Aunque la negociación no va a ser fácil. El diputado de Junts per Catalunya Josep María Cervera dejó muy claro durante su intervención en la Comisión de Hacienda que no son un socio del Gobierno y que tendrá que ganarse cada apoyo. Cervera recriminó al Gobierno central por los «tributos que no retornan» a Cataluña, que cuantificó en unos 10.000 millones anuales, y censuró que el Estado ejecuta una mínima parte de lo presupuestado para Cataluña. Además, volvió a recordarle a la número dos del Gobierno y del PSOE que «la estabilidad de la legislatura» dependerá del cumplimiento de los acuerdos y que eso se verá «día a día» y «acuerdo a acuerdo». «Si nos engañan, no funcionará», cerró Cervera. En su contestación, Montero intentó tender puentes y aseguró que el PSOE «cumple sus compromisos». «Sabemos perfectamente en qué términos se planteó el acuerdo con Junts», admitió la ministra.

La vicepresidenta primera también tuvo buenas palabras para el PNV, otro de los apoyos indispensables. «El PNV es un interlocutor prioritario de este Gobierno. Ustedes han contribuido de forma muy clara a la gobernabilidad del país y lo han hecho sin sesgos ideológicos», expuso Montero, que sugirió que habrá compensaciones para el País Vasco, respetando su condición foral, cuando se condone la deuda a las comunidades de régimen común.

Porque la financiación de las comunidades autónomas va a ser un elemento clave en la negociación del Gobierno y en el desarrollo de esta legislatura. María Jesús Montero señaló que en febrero comenzará a negociar con las comunidades de régimen común la asunción por parte del Estado de parte de la deuda de estas autonomías en base a «parámetros objetivos» y en reconocimiento a que durante la crisis de 2008 no recibieron los recursos necesarios. Este trasvase de deuda de las comunidades al Estado –que no varía en absoluto el volumen conjunto de deuda de las administraciones públicas– permitirá que las que, debido a su elevado endeudamiento, no han podido financiarse en los mercados emitiendo deuda vuelvan a tener esta autonomía financiera. Esta asunción de deuda por el Estado fue uno de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y ERC para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Lo que la ministra descartó es la incorporación en Presupuestos de un fondo de nivelación transitorio para las comunidades autónomas más infrafinanciadas, como son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Aunque en el acuerdo con Sumar se hablaba de mejorar los recursos para las comunidades peor financiadas, este fondo de nivelación, que Fedea calcula debería distribuir al menos 3.000 millones de euros anuales entre esas cuatro comunidades, queda sin respaldo del ministerio. Porque la ministra también es capaz de dar a beber hiel. Precisamente cuando en un encuentro informal en Fitur entre el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los presidentes populares de Valencia, Andalucía y Murcia, los cuatro coincidieron en reclamar más financiación para sus autonomías. Lo que sí hizo Montero es exigir al PP que se siente a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica.

En todo caso, el camino para tener Presupuestos del Estado este año ya se inició con la aprobación en el Congreso del techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda. Pero en el Senado –donde tiene mayoría el Partido Popular– podrían ser rechazado el techo de gasto y los objetivos de déficit. De ocurrir esto, se volverán a presentar por segunda vez al Parlamento. Y si volvieran a ser tumbados, se aplicarían los objetivos fijados en el Programa de Estabilidad aprobado en abril de 2023, que son menos flexibles que los propuestos ahora ya que exigen un menor déficit a las comunidades autónomas. Por ello, María Jesús Montero pidió «coherencia» al PP para que voten a favor de unos objetivos de estabilidad que ofrecen «mayor margen de actuación» a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. La vicepresidenta recordó que la ley que regula el modelo de financiación autonómica es una ley orgánica, lo que supone que para cambiarla se precisa el apoyo de los dos grandes partidos.

Por otra parte, Montero reiteró que los gravámenes temporales a los ingresos extraordinarios de la banca y las eléctricas se convertirán en impuestos permanentes -modulados con la introducción de beneficios fiscales por la inversión estratégica de las empresas, que ya se decidirá, según Montero, si es inversión en almacenamiento, electrificación, etc.-. Esta deducción por inversión se incluirá ya en el gravamen temporal a las eléctricas (las grandes empresas habían amenazado con llevarse las inversiones a otro país) a la espera de que se pueda aprobar el impuesto en el Parlamento, que Montero calcula que podría estar antes de que acabe el año.

A su vez, el portavoz de Sumar, el socio de gobierno del PSOE, Carlos Martín Urriza, reclamó que se introduzca un nuevo Impuesto de Solidaridad a las grandes herencias, a semejanza del Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado para obligar a pagar a los más ricos en las comunidades que habían anulado en la práctica el Impuesto sobre Patrimonio. La ministra replicó a Sumar que lo que se va a hacer es lo que está en el acuerdo de gobierno –en el que no aparece esta propuesta–. Lo que sí anunció Montero es que quiere alcanzar un pacto contra el fraude fiscal para aflorar la economía sumergida.