La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este miércoles en el Congreso que el Gobierno convocará en julio, como viene siendo habitual, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo hará, puntualizó, para «hablar de lo que quieran las comunidades autónomas y el ... propio Gobierno», un debate que en esta ocasión llegará electrificado por el reconocimiento de la «singularidad» de la financiación para Cataluña que sugirió Pedro Sánchez –aunque su Ejecutivo no termina de concretar aún– al calor de las negociaciones entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
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Aunque el objetivo central de la reunión, en la que participan representantes de todas las Comunidades Autónomas del Régimen Común, excluidas País Vasco y Navarra, será la aprobación de los objetivos de estabilidad que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y los de los gobiernos regionales, el foco se ha trasladado en los últimos días a reabrir un debate interterritorial pendiente desde 2014, cuando el modelo de financiación autonómica fue renovado por última vez.
Durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez se afanó en intentar desvincular esta cuestión de las negociaciones para la investidura de Illa y dijo que si se reconoce la «singularidad» de Cataluña será por los pactos sellados con Esquerra y Junts para la presente legislatura. Una explicación que le supo a poco a la portavoz de esta última formación, Miriam Nogueras, que instó al jefe del Ejecutivo a «dejar de hablar de forma irresponsable de financiación singular como si fuera un privilegio».
Este rifirrafe ha desatado las críticas de los gobiernos autonómicos del PP que se sienten, igual que el barón socialistaEmiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, «agraviados» por lo que consideran «otra cesión» al independentismo catalán. A estas voces críticas se unieron el martes los diputados de la Chunta Aragonesista y Compromís, que forman parte del grupo parlamentario de Sumar, y amenazaron con retirar su apoyo al Gobierno si no se reconocía una contrapartida similar para la Comunidad Valenciana y Aragón.
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Mientras en la Moncloa quieren quitar hierro a esta pugna al entender que aún no hay ninguna propuesta sobre la mesa, Montero acabó cargando este miércoles contra los populares al entender que la reforma del modelo de financiación territorial será posible «solo si traen una propuesta única para todas las comunidades». Una posibilidad que la propia ministra descartó al entender que existen «diferencias» en el seno del PP.
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