Los monjes del Valle de los Caídos, en manos del Gobierno

El origen de esta situación data de 1958, cuando la dictadura franquista firmó un convenio con los monjes benedictinos del Monasterio de Silos por el cual estos se comprometían a gestionar el Centro de Estudios Sociales el Valle de los Caídos, a celebrar todos los días del año una misa en favor de los caídos por España y a crear una comunidad benedictina donde residieran, de forma permanente, al menos veinte monjes con sus respectivos novicios.

Según se recoge en la denuncia, en octubre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Régimen Jurídico del Estado, que entró en vigor un año después y que «señalaba la fecha del 2 de octubre de 2020 como fecha límite para que se extinguieran de forma automática todos aquellos convenios que no hubieran sido renovados por el Estado desde su entrada en vigor». «Por ello entendemos que los monjes llevan residiendo en el Valle de manera ilegal desde hace casi cinco meses», asegura a este periódico Emilio Silva, el presidente de la ARMH.

La asociación también señala que el convenio «nunca ha sido modificado», tampoco cuando la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional. Eso significa que en la actualidad depende jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, del que es titular Carmen Clavo.

De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone o se redacta un nuevo convenio. Una posibilidad, esta última, que «iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil», señala Silva.

Esa fue precisamente la intención que anunció el pasado mes de septiembre Carmen Calvo: «resignificar el Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil». Dese Moncloa apuntaron entonces que dar este paso supondría la «extinción automática» de la fundación de los benedictinos presente en el Valle porque, aseguraron, «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática».

Ahora aseguran que la razón esgrimida por la asociación no es correcta y que la futura Ley de Memoria Democrática, que está pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso, regula la presencia de los monjes en el Valle de los Caídos. Calvo, sin embargo, matizó que la marcha de los monjes no se produciría de la noche a la manaña, ya que se impondría un «régimen transitorio» regulado decreto. «Lo llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos», subrayó la vicepresidenta entonces.

Por contra, la intención de los monjes benedictinos sigue siendo permanecer en el Valle. En su rediseñada web oficial (valledeloscaidos.es) apuestan porque la basílica se convierta en un «monumento a la reconciliación». También explican que la basílica, «como tantos otros monumentos históricos integrantes del mejor patrimonio de Europa y de España» han surgido «a raíz de un acontecimiento bélico», en referencia a la Guerra Civil.

El prior del Valle, Santiago Cantera, mantiene contactos con el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, que le propuso durante una visita a la abadía la gestión del complejo de Paracuellos como posible destino si finalmente son desalojados. Este recinto incluiría su cementerio y la llamada Catedral de los Mártires. Pero la propuesta, según revela el medio religiondigital.org, no ha terminado de cuajar, entre otras cuestiones por las dudas del Vaticano a aceptar una solución que podría acabar siendo más problemática que la marcha de los benedictinos de Cuelgamuros.