Moncloa no quiere combatir la «desinformación» con la información pública. El Gobierno se niega a desvelar al Parlamento cualquier detalle concreto, operativo o funcional sobre la misteriosa Comisión Permanente contra la Desinformación (CPD). Se trata del misterioso organismo creado en octubre de 2020 por el ... Ejecutivo de Pedro Sánchez al calor de las campañas de bulos y 'fake news' desatadas durante los primeros meses de la pandemia y que comenzó hace un año a trabajar protegido por el mayor de los anonimatos.
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Y es que la decena de iniciativas parlamentarias para conocer detalles del funcionamiento de este órgano (procedentes de grupos tan dispares como Vox o Bildu) se han topado una y otra vez con un verdadero frontón. Moncloa, según los documentos en poder de este periódico, se ha dedicado a responder en los últimos meses y semanas con generalidades a las preguntas de los diputados para conocer qué está haciendo exactamente este «grupo de trabajo interministerial» que, en teoría, debe «asesorar» al Consejo de Seguridad Nacional sobre las campañas de desinformación que amenazan España.
El Ejecutivo se niega una y otra vez a dar transparencia a este asunto y en sus evasivas respuestas regatea preguntas tan precisas como la de revelar la «identidad de los miembros que asisten a la CPD». Moncloa se escuda en que las personas que componen este órgano son «variables» y que son «funcionarios» -como policías, guardias civiles, «miembros del CNI», además de «funcionarios civiles- cuyos nombres no deben conocerse. El Ejecutivo solo comparte datos ya públicos como que es el director del Departamento de Seguridad Nacional, «en representación del Gobierno», quien preside las reuniones ordinarias.
El Gobierno, a pesar de no tratarse de un funcionario, ha negado de manera insiste, por ejemplo, quién es el alto cargo que acude a la CPD en representación de la Secretaría de Estado de Comunicación que ahora dirige Francesc Vallès, pero que hasta el pasado verano encabezó el otrora todo poderoso Miguel Ángel Oliver. Esta persona cuya identidad permanece entre sombras es la que reporta directamente a presidencia.
En una de sus últimas respuestas, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes facilitó los pocos datos concretos (pero poco o nada trascendentes) que se conocen de la comisión. Este órgano no se reúne de forma periódica y hasta el pasado 6 de agosto los analistas se habían visto formalmente solo en cuatro ocasiones. Y poco más. Sobre los acuerdos o puntos tratados ninguna información relevante. Según Moncloa, la misteriosa comisión, que se «mantiene activa» aunque nadie sepa nada de ella, está «realizando análisis y valoración permanente de posibles campañas de desinformación contra el prestigio de España».
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Sin embargo, el mismo día en que el Ejecutivo aseguraba de forma oficial al Parlamento que la CPD está haciendo esos «análisis» y «valoraciones» sobre esas «campañas de desinformación», el propio Gobierno lo negaba de manera tajante en otra respuesta, incrementando más todavía la nebulosa que rodea a este órgano. «La Comisión Permanente contra la Desinformación no tiene entre sus cometidos –afirmaba ese otro documento contradictorio remitido al Congreso- la detección de campañas de desinformación» sino «el facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional».
Sin embargo, en otra respuesta Moncloa sí que ha reconocido que la CPD ha realizado al menos tres informes «que no son de difusión abierta», con motivo de las elecciones europeas, autonómicas y locales» de 2019 y 2020. Dossieres sobre supuestas campañas de mentiras que llegaron a Presidencia y de los que nada se sabe.
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A la pregunta concreta de los diputados de qué está haciendo entonces exactamente esta institución las respuestas están siendo una suerte de 'manzanas traigo': «cada organismo de la Comisión Permanente contra la Desinformación emplea las herramientas disponibles según sus competencias y sus ámbitos de actuación».
A pesar de que el Parlamento de forma insistente en los últimos meses ha pedido conocer los «focos de campaña de desinformación» a los que está siendo sometidos España, tanto a cuenta de la pandemia como ahora en la crisis que enfrenta a Ucrania y Rusia, la respuesta ha sido la evasiva, en muchas ocasiones alegando que «la información que se comunica a la comisión normalmente está clasificada por el organismo que la aporta».
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La opacidad del Gobierno a la hora de informar al Legislativo sobre su lucha contra las 'fake news' y los bulos que supuestamente amenazan la seguridad nacional no se ha limitado en los últimos meses a los trabajos de esta CPD. Moncloa también se vienen negando de forma reiterada a facilitar datos al Legislativo sobre el resultado que dieron las órdenes a las fuerzas de seguridad del Estado de perseguir durante el primer estado de alarma las 'fake news' que pudieran provocar «estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».
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