Durísima reacción del Gobierno tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no admitir la querella de Pedro Sánchez por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Fuentes de Moncloa insistieron en su tesis de que el magistrado prevarica porque ... su único fin con este caso es «perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial», al tiempo que insinuaron que Peinado hace el juego a la «ultraderecha» y a los que están promoviendo «el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares»
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«Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares», apuntaron fuentes oficiales de la Presidencia de Gobierno, eso sí, después de remarcar su «respeto» a la decisión del TSJM de archivar la demanda que «la Abogacía del Estado en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno».
Moncloa, que insistió en que a pesar del «respeto» a la decisión de los magistrados «discrepa» de los «razonamientos jurídicos y de su argumentación» del TSJM, atacó directamente a la sala, mostrando su «sorpresa» frente «algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del Auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal».
Según el Gobierno, en la querella presentada por Sánchez «ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno» era «convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial». «Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta. El mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación», señalaron los portavoces del Ejecutivo.
«Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones», se justificó Moncloa, insistiendo en la idoneidad de la demanda para defender a la Presidencia del Ejecutivo.
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