El ministro Campo busca una vía para reactivar la negociación del CGPJ

En el Gobierno argumentan que ya han cedido todo lo que podría resultar admisible. No ponen pegas a que el PP vete como vocal a la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, que en la actualidad ocupa el cargo de delegada para la violencia de género, pero se niegan a dar su brazo a torcer con el juez José Ricardo de Prada. La portavoz del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, evitó hoy pronunciar sus nombres, pero fue clara.

Cuatro días después de que naufragaran las negociaciones que mantenían desde hacía diez días el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro Garcia Egea, Montero confirmó que, por su «vinculación expresa» al partido de Pablo Iglesias, el Ejecutivo había llegado a sacar del pacto uno de los dos nombres planteados por su socio de coalición, pero en alusión tácita al juez de la Gürtel, añadió: «Lo que no debería tener cabida es que se vete a personas por las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones profesionales».

El principal partido del Gobierno alega que De Prada no tiene adscripción política y que la única razón por la que la formación conservadora lo rechaza es porque es el autor de algunos de los más duros pasajes de la sentencia en la que se condenó al PP como responsable a título lucrativo de la Gürtel. En concreto, se le responsabiliza de haber dado por probada la Caja B del PP, entrando en un asunto que estaba siendo investigado por otro tribunal. Así y todo, Casado llegó a aceptar su designación cuando en 2018 fue el PSOE el que puso su nombre sobre la mesa.

Campo, cuya relación con Podemos no es la más fluida del Gobierno, siempre ha defendido que el entendimiento con los populares sería posible y se resiste a tirar la toalla. Sin embargo, el principal partido de la oposición se mantiene en su negativa a admitir propuesta alguna de Podemos y en la próxima semana parece difícil que pueda darse el clima para aproximar posturas.

Los socialistas reiteraron hoy que no tienen intención de desempolvar, como pretende su socio, la reforma que presentó a la vuelta del verano pasado para cambiar las mayorías de elección y renovar el CGPJ sin el PP, pero el jueves 11 se votará en cambio en el pleno del Congreso la otra iniciativa con la que pretendía empujar a Casado al acuerdo, la que impide al Consejo en funciones hacer nuevos nombramientos de jueces. «Se equivocan de grupo al que chantajear» , avisó la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.