El PSOE congela en el Congreso la cuestión de confianza pese a la presión de Junts

Pese a contar con el aval de los letrados de la Cámara baja, la iniciativa genera dudas sobre su encaje constitucional, ya que corresponde solo al presidente del Gobierno someterse a la misma. De hecho, fuentes parlamentarias justifican a este periódico la necesidad de contar con más tiempo para «estudiar mejor» la cuestión. Pero más allá del galimatías jurídico subyace el pulso entre Junts y Moncloa. Fue Puigdemont quien exigió a Sánchez, desde Bruselas, exponerse con una iniciativa que no es vinculante –como cualquier otra PNL– a la confianza del Congreso tras acusarle de estar «en números rojos». La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, que este martes evitó, como el resto de sus compañeros de grupo, hacer declaraciones al respecto hasta que no se pronunciara el líder de su partido, instó al Ejecutivo a «mover el culo» y transferirles las competencias pactadas, como la de inmigración.

En este contexto de debilidad parlamentaria, y a las puertas de una negociación presupuestaria que los posconvergentes no quieren iniciar hasta que no se salden todas estas cuentas, PSOEy Sumar lograron ganar tiempo hasta, al menos, finales de febrero, para tratar de convencer a Junts de que retire esta propuesta. El asunto volverá a debatirse en la próxima Mesa del Congreso que, salvo causa extraordinaria, se celebrará en enero, un mes, por cierto, inhábil en la Cámara baja hasta que Francina Armengol dedica lo contrario, como lleva sucediendo ininterrumpidamente desde 2021.

En concreto, los servicios jurídicos indicaron que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite.

Los letrados subrayan,  eso sí, que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el pleno. En todo caso, el órgano de gobierno de la Cámara no ha solicitado más documentación a los letrados.

El PP, por su parte, criticó que la Mesa haya congelado este debate y cree que el PSOE, con su control de la Mesa del Congreso, está aplicando «una democracia a al carta». Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, no ve motivos para no calificar la iniciativa de Junts y pidió explicaciones a los socialistas en la Junta de Portavoces celebrada a continuación. Según señaló, ni Armengol, ni el secretario general de la institución, Fernando Galindo, se las han «querido dar». Un hecho que el diputado gallego tildó de «innovación parlamentaria».

Podemos y EHBildu tampoco ven problemas para que la PNLde Junts llegue al pleno, sin embargo, ambos ya han anunciado que votarían en contra de la misma. Los morados, porque sitúan directamente la iniciativa de los Puigdemont en una «estrategia» para presionar al Gobierno con los Presupuestos, una línea que rechazan. «La confianza o no de este Gobierno no se juega en una PNL, la verdadera cuestión de confianza que tiene el Gobierno es el cumplimiento de los acuerdos y la aprobación de una verdadera agenda social, y eso es justamente lo que el Gobierno no está haciendo», zanjó su portavoz, Javier Sánchez Serna.

Mientras tanto, elGobierno continúa tratando de encajar las piezas del puzle del proyecto presupuestario que ha pasado de llegar en enero a hacerlo en el primer trimestre del año, como señalan en Moncloa. Este martes , el Ministerio de Transportes autorizó la transferencia de 283,4 millones de euros al Govern catalán por el déficit de explotación de Rodalies, una concesión pactada con Esquerra.