Medina y Luceño: el primer gran juicio por los pelotazos de la pandemia

El del hermano del actual duque de Feria y su socio será el primer gran juicio por las estafas nacidas al calor de la imperativa necesidad para conseguir mascarillas, trajes de protección o test durante la crisis sanitaria mundial. Unos meses en los que las administraciones españolas gastaron cerca de 2.000 millones de euros, en la mayoría de casos en adjudicaciones a dedo y con una rebaja sustancial de las exigencias de transparencia y concurrencia.

Aprovechando esa situación de descontrol y búsqueda desesperada de material para evitar los contagios Medina y Luceño, como intermediarios de la empresa Leno de Malasia, cerraron tres contratos en marzo de 2020 con la gestora de los servicios funerarios de Madrid del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almedia. El primero era para la compra de un millón de mascarillas por un precio de 6.689.300 dólares; el segundo, para la entrega de 2,5 millones guantes de nitrilo por cinco millones de dólares; y el tercero, para la compra de 250.000 test rápidos de la covid-19, a un coste para el Ayuntamiento de 4.250.000 dólares.

Anticorrupción destaca que esos importes enmascararon unos márgenes de beneficios galácticos. Por ejemplo, asegura que los 6,24 euros por unidad que el consistorio madrileño pagó por cada una del millón de mascarillas adquiridas a los comisionistas «fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto». Y lo mismo sucedió, afirma la Fiscalía, con los test covid (16,03 euros por unidad), «con gran diferencia, el más alto que pagó un ayuntamiento español de cualquier gran ciudad».

«Ya desde este momento, la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores», destaca la Fiscalía en su escrito de acusación.

El Ministerio Público acusa a los dos supuestos empresarios de haberse aprovechado de esa carestía para la «imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación».

En su escrito de conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol imputa a Alberto Luceño de un delito continuado de estafa agravada, otro continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro más contra la Hacienda Pública agravado. Por su parte, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal se enfrenta a la acusación de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

A Luceño, además, el fiscal le reclama una multa que asciende a los cinco millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Igualmente, solicita que ambos indemnicen con casi ocho millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386 euros. El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350 euros en el caso de Luceño, y la cantidad de 912.700 euros a Medina.