Las medidas antiaborto en Castilla y León abren una nueva brecha entre PP y Vox a nivel nacional

El anunció de Vox pilló a contrapié a los populares, que durante las últimas horas han ido dando bandazos en la valoración de la propuesta. La primera en pronunciarse fue la Consejería de Sanidad castellano-leonesa, en manos del PP y quedescartó modificación alguna en el protocolo a seguir. Así, se recalcó que las pruebas para escuchar el latido del corazón se mantendrán a partir de la semana doce de gestación y las ecografías en cuatro dimensiones se seguirán ofreciendo en el último trimestre del embarazo y siempre bajo criterio médico. Tampoco existen «listas negras» con los nombres de facultativos objetores de conciencia, concluyó Sanidad.

García-Gallardo -que el jueves afirmó que su presencia en el Gobierno valdría la pena si con ellas se evita que un sólo niño sea abortado- respondió a Sanidad que sus medidas «provida» se aplicarán de «forma inmediata» e insistió en que, «obviamente» sí están pactadas con sus socios de gobierno.

La polémica en Castilla y León ha saltado a la política nacional para disgusto de un PP que nunca se ha sentido cómodo en el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo y que lleva años haciendo equilibrios para no disgustar a su electorado más conservador o perder votos entre el más centrista. De hecho, uno de los recursos que tiene sobre la mesa el nuevo Tribunal Constitucional es el que presentó la formación conservadora, entonces liderada por Mariano Rajoy, contra la ley de 2010 por la que se estableció el derecho de las mujeres a abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo. El propio PP tuvo en su mano pero frenó el intento del eximnistro de Justicia de retornar a una ley de supuestos en lugar de plazos. Rajoy se limitó a una reforma de la norma socialista para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno.

De momento, tanto Alberto Núñez Feijóo como Fernández Mañuecohan evitado pronunciarse. Sí lo han hecho algunas voces del partido. Borja Sémper, portavoz del comité de campaña, afirmó que «es perfectamente compatible la política de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer» y «añadió que el PP no está dispuesto a «tragar con cualquier cosa». No obstante, horas después Génova matizó las palabras de su dirigente. «La monitorización del latido fetal ya se realiza con normalidad en Castilla y León y en otras comunidades. El Gobienro de Mañueco lo único que propone es aumentar ese tipo de análisis», defendieron fuentes del PP, que también acusaron a Vox de querer trasladar esta mejora asistencial al «terreno ideológico».

Frente al silencio de Feijóo, Abascal advirtió de que «Vox se mantendrá firme en la defensa de sus medidas antiaborto». «Lo que nos sorprende -afirmó- es que haya gente que en un drama como el aborto no quiera dar información, asistencia y alternativa a las mujeres».

La batería de medidas de Vox levantó una oleada de críticas desde el Gobierno que apuntaron también hacia Núñez Feijóo. María Jesús Montero acusó al Gobierno de Castilla y León de incluir en el sistema de salud estrategias «de la ultraderecha más reaccionaria», e incorporar medidas de «hostigamiento» a las mujeres que promovían los grupos antiabortistas en los alrededores de los centros de salud. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, denunció que el PP está permitiendo que se intimide a las mujeres: «¿o no, Feijóo»?». Además, apuntó que se protege la maternidad con «derechos laborales, permisos igualitarios y educación de cero a tres años y no dejando que la ultraderecha recorte la libertad de las mujeres». Por su parte, la titular de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, apuntó que las medidas propuestas por Vox son «bochornosas». «Suponen un «claro recorte» de los derechos de las mujeres», concluyó.