La mayoría silenciosa irrumpe como nuevo actor en el proceso soberanista

Pero a dos días de la probable proclamación de la república catalana, y una semana después de que el Gobierno catalán desafiara la legalidad del Estatuto y de la Carta Magna española, la llamada mayoría silenciosa no secesionista dijo «basta» a años de miedo al qué dirán e irrumpió como nuevo actor político, dispuesto a hacerse oír y a que se le tenga en cuenta en la toma de decisiones. «Ningún actor político debe obviar que los catalanes no nacionalistas formamos parte del paisaje y que somos también sociedad catalana. Se acabó la marginación: tenemos derecho a ser escuchados», reclamaron en el manifiesto leído al final de la manifestación. «Le decimos al presidente de la Generalitat que cuando hable en nombre del pueblo de Cataluña, no se olvide de nosotros», señalaron.

Son malas noticias para el movimiento independentista, quien a través de la ANC y Ómnium había conseguido que la calle fuera suya, lo que trasladaba una imagen distorsionada de la realidad, en tanto en cuanto el independentismo en las últimas elecciones catalanas no superó el 50% de los votos registrados. La idea de una única voz, que se desmentía elección tras elección, quedó ayer enterrada también en la calle, donde hasta la fecha los constitucionalistas apenas se dejaban ver. Unos por desidia, otros por dejadez, otros porque no acababan de ver el peligro real del proceso y unos otros, gente de izquierdas, sobre todo, porque no les gustaba aparecer en la foto junto a los del PP y quienes portan banderas españolas.

Sin embargo, los dirigentes del proceso secesionista, que ha logrado movilizar más que nunca al soberanismo, deben tener cuenta desde ayer que también una parte importante de la sociedad catalana le está diciendo que no seguirá callada y que ha perdido todos los complejos, aunque también es cierto que a la manifestación de ayer acudieron miles de personas procedentes de fuera de Cataluña.

La protesta destacó por su gran afluencia y también porque casi por primera vez pudo apreciarse una cierta unidad política en el constitucionalismo. Ciudadanos y el PP no faltan nunca a las marchas españolistas del 12-O o del día de la Constitución, pero en cambio el PSC suele ser más reticente. Si acaso envía a sus dirigentes menos catalanistas y acostumbra a no participar en actos «frentistas». No en esta ocasión. No acudió Miquel Iceta, pero sí su número dos, Salvador Illa, además de los exministros socialistas Celestino Corbacho o Josep Borrell. Destacó la presencia también del exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, que formó parte de la primera candidatura de Podemos al Parlamento Europeo, aunque acabó desligándose de la formación morada. Por el PP estuvieron la ministra Dolors Montserrat, Rafael Hernando, Javier Arenas, Pablo Casado, Xavier García Albiol y Cristina Cifuentes; y por la parte de Ciudadanos, Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas y Begoña Villacís.

El proceso ha polarizado el debate político en Cataluña, hasta el punto de fracturar la convivencia. La división que ha provocado el desafío secesionista en la sociedad se hizo ayer patente en la manifestación y debería pesar en la decisión que tomará Puigdemont en las próximas horas. Josep Borrell, que intervino desde el escenario con un discurso muy duro, advirtió al presidente de la Generalitat de que «la convivencia está rota en este país» y «hay que rehacerla» para evitar que se llegue a un «enfrentamiento civil». «Si se declara unilateralmente la independencia, este país se va al traste», «no empuje al país al precipicio», le instó el exministro socialista.

El escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, fue también muy duro con el nacionalismo. «Ninguna conjura independentista destruirá la democracia», dijo. Además de calificar a Puigdemont, Junqueras y Forcadell de golpistas, que quieren convertir a Cataluña en un país «tercermundista», cargó contra el nacionalismo por haber llenado Europa de «sangre y cadáveres».

La calle ya no solo aprieta en un sentido. Si durante los días previos y posteriores al 1-O, la gente movilizada cantaba «votaremos» y clamaba por la declaración unilateral de la independencia, ayer la calle pedía «prisión» para Puigdemont. El presidente de la Generalitat debe gestionar una decisión trascendente, teniendo en cuenta que tiene a la sociedad partida en dos, sabiendo que no tiene apoyos ni en el resto de España ni en la UE y con una presión muy fuerte del mundo económico, que, por la vía del traslado de las sedes sociales de las principales firmas catalanas, le está diciendo que pare máquinas y que no va por el buen camino.

Si como decía el asesor de Bill Clinton, aquí lo único que importa «es la economía, estúpido», la decisión de Puigdemont sería de libro. Pero para el soberanismo es algo más que una suma de números, se trata de una cuestión de dignidad. Y desde el independentismo ya contraprogramaban ayer diciendo que la ANC llegó a sacar dos millones de personas a la calle, que son las que, según ellos, fueron a votar el 1-O.