Marruecos usa la presión migratoria para torcer el brazo de España y la UE en el Sáhara

Sin embargo, la instrumentalización que de este papel viene haciendo la monarquía marroquí para presionar a España no es nueva, por mucho que ahora algunos sectores quieran hacerlo parecer.

Marruecos es el destinatario principal de los fondos europeos en la región mediterránea destinados a políticas de vecindad, y es el socio meridional con unas relaciones más desarrolladas.

Según un estudio realizado por la Fundación porCausa, en diciembre de 2019 Marruecos recibió 389,9 millones de euros «como parte de su apoyo a las reformas, el desarrollo inclusivo y la gestión de fronteras, dentro del marco de la «Asociación Euro-Marroquí para la Prosperidad Compartida», y «101,7 millones de euros de fondos prometidos en 2018 para combatir la inmigración ilegal y la trata de personas».

Este rol privilegiado está, en gran manera, promovido por España, ya que como ha defendido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cooperación con el Estado marroquí en materia no solo migratoria, sino también antiterrorista, «constituye un ejemplo modélico en el entorno europeo» basado en «la confianza bien asentada, el respeto mutuo y la comunicación permanente».

Siendo esta relación así, los sucesos acontecidos en los últimos días resultarían difíciles de entender y de justificar. Sin embargo, esta percepción institucional contrasta con la realidad, y con el uso continuado y sostenido de Marruecos de la migración para presionar a España.

Existen varios ejemplos claros de la utilización del control (o la falta de este) sobre los flujos migratorios asociados a otros elementos clave de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, como la negociación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos en 2006, que coincidió con una crisis migratoria en Canarias, el incidente del islote de Perejil en 2002 o, más recientemente, en 2020, cuando el Gobierno de Rabat aprobó unilateralmente dos leyes para delimitar su espacio marítimo.

Por tanto, hay que entender la situación vivida en Ceuta en un contexto más amplio, en el que la presión migratoria es utilizada como medida de presión en las relaciones bilaterales España-Marruecos y Marruecos-UE. Se ha hablado mucho del detonante de estos sucesos (dando por sentado pues que se trata de una reacción política), vinculándolo con el conflicto del Sahara Occidental, y concretamente con la presencia en España de Brahim Ghali, representante del Frente Polisario, para ser tratado de un cuadro grave de covid-19.

Todos los medios han dado por sentado que la decisión del Gobierno está detrás de esta reacción marroquí, basándose en las declaraciones de las propias fuentes diplomáticas marroquíes. Estas declaraciones, junto con la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, ponen de manifiesto que esta crisis es un entente diplomático, y no un asunto migratorio.

Sin embargo, plantea más dudas que sea únicamente la presencia de Ghali en España la razón del órdago marroquí. Si bien es cierto que debilitar la figura del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es uno de los objetivos de Marruecos, no podemos entender esta situación aislada de los últimos acontecimientos y reacciones en el conflicto del Sáhara Occidental, especialmente desde la ruptura del Alto el Fuego en noviembre del pasado 2020.

Después de que el Frente Polisario recordara en numerosas ocasiones el incumplimiento y la actitud de Marruecos en la irresolución del conflicto e invocara su derecho a retomar la vía armada, ha sido bajo la presidencia de Gali cuando se produjo este cambio de escenario.

Desde ese momento, Marruecos ha tratado por todos los medios de invisibilizar y ocultar la nueva situación de guerra, sin haber podido evitar su repercusión mediática.

Del mismo modo, Marruecos esperaba que la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí del territorio se extendiese a otros países pero, por el contrario, se ha encontrado con la negativa generalizada del cambio de la postura tradicional, con posturas contundentes como la alemana.

Hay algunos autores que afirman también que el momento elegido por Marruecos está vinculado a la crisis de Gaza, tratando de presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que consolide el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de su mediación en la crisis entre Israel y Palestina.

Por último, no podemos tampoco obviar que en las próximas semanas se espera que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre los acuerdos de asociación y pesca entre la CE y Marruecos. Esta resolución puede suponer un duro golpe para el estado marroquí.

Pensar en soluciones cortoplacistas para una situación sostenida en el tiempo es a todas luces un planteamiento infructuosa y dudosamente inteligente. Para poder evitar que esta situación se repita, España debe reforzar su papel en las relaciones bilaterales defendiéndose de injerencias internas que son un ataque a la línea de flotación del derecho internacional.

Del mismo modo, España debe asegurar el cumplimiento riguroso del Derecho Internacional, y asumir las obligaciones que le corresponden, en este caso como potencia administradora del Sáhara Occidental.

La consolidación de la ocupación del Sáhara Occidental, contraria al derecho internacional, puede poner en riesgo la propia soberanía nacional española, ya que abriría la puerta a reclamaciones históricas sobre la propia Ceuta y Melilla, y debilitaría la posición española para rebatir asuntos como la ya mencionada ampliación de las aguas territoriales marroquíes.

Por último, España y Europa deben garantizar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, no solo contribuyendo a su protección dentro, sino también fuera de Europa. En este sentido, hay que recordar que no es solo el presidente Ghali el que está inmerso en procesos ante la Audiencia Nacional, sino que también este tribunal procesó a 11 altos cargos marroquíes por su participación en el genocidio saharaui.

Además, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la escalada de violencia y represión que se vive en los territorios ocupados desde la vuelta a las armas, siendo el caso de la activista saharaui Sultana Khaya especialmente grave.

Si bien Ceuta es la frontera europea con Marruecos, la capacidad de maniobra que presenta la Unión Europea (UE) ante situaciones como las que han acontecido en la frontera sur de España son limitadas. El art. 77(2)(d) TFUE establece que la UE ha de encaminarse hacia el establecimiento gradual de un sistema de gestión integrado de las fronteras exteriores, pero los arts. 4(2) TUE y 72 TFUE dejan claro que los Estados miembros son, en última instancia, responsables de su propia seguridad interna y de la gestión de sus fronteras exteriores.

No obstante, si hiciéramos el ingenuo esfuerzo de considerar que lo ocurrido en Ceuta responde a una crisis migratoria y no diplomática y política entre España y Marruecos, la UE tiene a su alcance, desde la llamada «crisis de los refugiados», mecanismos para prestar asistencia a España directamente sobre el terreno.

Por un lado, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), previa autorización de España, podría intervenir en Ceuta si las autoridades nacionales competentes no implementaran las medidas recomendadas por el director ejecutivo de la Agencia en relación a las vulnerabilidades detectadas en su frontera exterior, o si España, aun enfrentándose a una presión migratoria desproporcionada y repentina en su frontera, no solicitara asistencia operativa a la Agencia.

El Reglamento 2019/1896 de Frontex confiere por primera vez poderes ejecutivos y coercitivos al cuerpo estatutario de la Agencia, por lo que podría, bajo supervisión de las autoridades nacionales competentes, verificar la identidad y la nacionalidad de los migrantes que llegaron a Ceuta, autorizar o rechazar la entrada durante controles fronterizos, sellar documentos de viaje, emitir o rechazar visas o patrullar.

Por otro lado, España también podría haber solicitado, como hicieron Italia y Grecia durante la «crisis de los refugiados», el establecimiento de un hotspot en Ceuta mediante el cual la Comisión Europea coordinase la asistencia operativa sobre el terreno de diferentes agencias europeas especializadas como Frontex, Easo, Europol, Eurojust o el FRA.

Menos ingenuo se ha de ser para comprender que si la frontera en Ceuta es española y, por ende, europea, la UE ha de garantizar su protección, pero también que los derechos fundamentales sean respetados y que no se lleven a cabo expulsiones colectivas de aquellos migrantes que se encuentren en territorio español.

Sin embargo, las masivas devoluciones en caliente acaecidas en Ceuta, de las que se jacta el gobierno español, difícilmente pueden ser respetuosas con la legislación europea que requiere que España proceda a un análisis minucioso de la situación de los nacionales de terceros países llegados a su territorio con el fin de verificar si presentan derecho a protección internacional.

Por mucho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos validase las devoluciones en caliente, y que exista un acuerdo bilateral entre España y Marruecos de readmisión de extranjeros, aplicable únicamente para la devolución de nacionales de terceros países que hayan entrado irregularmente en España procedentes de Marruecos, las aceleradas expulsiones colectivas presenciadas durante estos días conculcan, al menos, el derecho de asilo.

Las instituciones de la UE se apresuraron a insistir en que Ceuta es una frontera europea, pero corrieron menos a la hora de reflexionar en qué medida lo acontecido allí es el reflejo del error de entregar obstinadamente la gestión de las fronteras exteriores de la Unión a una política centrada en la seguridad, la militarización, la externalización y la devolución de los migrantes a sus países de origen.

Esto es, la UE en vez de priorizar una política integral y solidaria respecto a la migración, prefiere seguir externalizando y confiando las fronteras exteriores a países como Marruecos, dispuestos a provocar una crisis humanitaria y migratoria para satisfacer sus intereses políticos.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation