Marlaska, de encarcelar a Otegi a dirigir la estrategia con los presos de ETA

Los socialistas tratan de contrarrestar la escandalera que su anuncio está a punto de desatar definiendo al hoy coordinador general de EH Bildu como un «interlocutor necesario» para conquistar un bien superior:el abandono definitivo de las armas por parte de la organización terrorista. Sin embargo, el detonante en la trastienda de esa arriesgada cita, que se escenificará un mes después en el hotel Amara de San Sebastián, es más pedestre y tiene nombre y apellidos: Fernando Grande-Marlaska, el magistrado sobre el que pesó la amenaza de muerte de los terroristas y que ha pasado de ser el perseguidor de Otegi a galvanizar, al frente del Ministerio del Interior, la estrategia penitenciaria delGobierno de Pedro Sánchez con lo que queda de la ETA que mataba: sus presos.

La memoria de la violencia regresa a esos meses convulsos de 2006. El juez bilbaíno, sustituto temporal de Baltasar Garzón al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha enviado al calabozo a Otegi por integración en ETA en grado dirigente. Una imputación letal que amenaza con hacer descarrilar las conversaciones con el Gobierno para el cese del terror. En unos contactos trufados de sobreentendidos, la izquierda abertzale malinterpreta que la tregua etarra meterá en el congelador las causas incoadas en su contra en la Audiencia Nacional. Los socialistas se ven forzados a precipitar el espinoso cara a cara de López y Rodolfo Ares con Otegi y Rufi Etxeberria para refrenar los recelos de sus interlocutores por la persistencia de Marlaska, que no solo detiene a Otegi. También coloca en su punto de mira a la red de extorsión de los terroristas nucleada en torno al bar Faisán de Irún; una operación que salpicará al entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y al histórico dirigente del PNV Gorka Agirre.

Casi 16 años más tarde, después de que los socialistas dijeran de él «que no va a ayudar» y de que los peneuvistas le organizaran un acto de rechazo a las puertas de los juzgados bilbaínos, Marlaska ha pasado de diablo a ángel para los primeros y de ángel a diablo para la derecha que le aupó en su día al Consejo del Poder Judicial. El PP acaba de exigir a Sánchez que le destituya por los mensajes de WhatsApp desencriptados por la Guardia Civil en el móvil de Antonio López Ruiz, 'Kubati', el asesino de 'Yoyes' y arrestado en enero de 2020 a raíz de un 'ongi etorri'. Esos mensajes que han desnudado los contactos y reuniones del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, bajo la jerarquía de Marlaska, con el entorno de los presos de ETA a fin de encauzar su acercamiento a cárceles vascas o próximas a ellas. Todo con el telón de fondo de la dependencia del Gobierno de los escaños de la Bildu incorporada al juego democrático.

Antes de ser fichado para la política por Sánchez, el juez Marlaska dejó impresa su hoja de ruta para la reinserción de los presos etarras en un auto del 7 de mayo de 2013. En su resolución, el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otorgó su primer permiso en 17 años a Valentín Lasarte, asesino de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica, por desmarcarse de ETA y asumir el daño causado en el marco de la 'vía Nanclares'. Los presos ortodoxos que entonces denostaron a los disidentes enfilan ahora hacia la reinserción que ha devuelto a Marlaska a la picota.