Marlaska contraataca con un argumentario para defender su reforma de la «ley mordaza»

El documento, de tres páginas, lleva el membrete de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior y ha llegado en los últimos días a parlamentarios socialistas nacionales y autonómicos y a dirigentes del partido a lo largo y ancho del país.

El departamento que dirige Grande-Marlaska recuerda que la actual normativa fuera aprobada en 2015 «con los únicos votos favorables del Grupo Parlamentario Popular y la oposición del resto de partidos». Según Interior, su entrada en vigor hace más de seis años estuvo «rodeada de fuertes polémicas incluso internacionales» hasta el punto –recuerda el texto- que un relator especial de Naciones Unidas instó a los legisladores españoles a «derogar la ley» y que medios como de The New York Times o The Guardian aseguraron que la normativa traía «recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática».

El Ministerio del Interior se muestra especialmente preocupado por desmentir la versión de las organizaciones y sindicatos policiales de que socialistas y UP han pactado estas modificaciones a espaldas de los propios profesionales de la seguridad. Por ello, recuerda que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados convocó en noviembre de 2018 a los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil para «recabar su opinión sobre la reforma» cuando hace más de tres años comenzaron los trámites para la «derogación de la ley mordaza». Unos trabajos que se han visto «paralizados» y «ralentizados» por las dos elecciones generales de 2019 y la pandemia. En cualquier caso, el texto deja claro que acabar con las líneas maestras de esta normativa es un «compromiso del Gobierno desde junio de 2018».

El «Argumentario Derogación Ley Mordaza», que así se titula textualmente el documento de Interior, es bastante contradictorio porque, a pesar de ese título, insiste en que los cambios no van a suponer una «derogación ni una reforma integral», sino que se va a tratar de «una reforma de alcance moderado», que sobre todo va a «mejorar la actual ley» y va a «facilitar la labor policial», al tiempo que va a «mantener» la protección de las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Marlaska y su equipo ponen especialmente énfasis en que los socialistas defiendan en todos los foros que el Ejecutivo en realidad no tenía casi más remedio que embarcarse en estas modificaciones porque la reforma está prácticamente obligada por «resoluciones judiciales nacionales e internacionales» y por «demandas y recomendaciones de instituciones internacionales».

En este punto, el texto del Ministerio del Interior incide en que el fin de la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin su consentimiento (uno de los aspectos que más ampollas han levantado entre los funcionarios) no es más que fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado año que fue la que declaró ilegal exigir «autorización» para poder realizar o distribuir esas grabaciones. «En línea con esa doctrina, la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no son constitutivas de infracción», apunta el argumentario.

En síntesis –defiende el equipo de Grande-Marlaska- la reforma «se adapta a la nueva realidad policial en número de efectivos, medios técnicos y digitalización»; «evita sanciones y responsabilidades injustas al introducir los conceptos de dolo y culpa» y «refuerza la seguridad jurídica de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado» porque «no se verán obligados a valorar o a decidir por sí mismos las medidas más adecuadas».