Marlaska reconoce ante el Supremo que no activó una operación «extraordinaria» hasta que Puigdemont se fugó

Sin embargo, ni Policía Nacional ni Guardia Civil fueron capaces «en momento alguno» de «detectar» la presencia del prófugo más buscado de España. Ni antes ni después del número de escapismo. Y no se le localizó, entre otras cosas, porque la fuerzas de Seguridad del Estado no pusieron en marcha previamente ninguna operación de los servicios de información o inteligencia «extraordinaria» para tratar de anticiparse a los movimientos del líder de Junts. Se limitaron a esperar que cayese en algún control de carretera ordinario, ya que blindar las fronteras hubiera sido contrario a la normativa Schengen. En cualquier caso, la responsabilidad principal del rocambolesco episodio del 8 de agosto sería de la policía catalana por rechazar el «apoyo operativo» que se le brindó desde Madrid.

Esas, en esencia, son las cuatro líneas centrales del informe que el Ministerio del Interior remitió este martes al juez del Supremo Pablo Llarena, quien la pasada semana pidió explicaciones oficiales al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska (también lo hizo en otra resolución a los Mossos d'Esquadra) de por qué las fuerzas de seguridad del Estado no lograron capturar a Puigdemont en su fugaz y anunciada visita a Barcelona.

Los responsables de Interior, a pesar del fracaso a la hora de localizar al fugado tanto antes como después de su intervención en los alrededores del Parlament y de quedarse muy lejos de movilizar todos sus recursos para dar con el paradero de Puigdemont, en su informe tratan de borrar cualquier sombra de duda sobre una supuesta connivencia con el fugado para permitir que realizara con impunidad su aparición estelar en el Passeig de Lluís Company. y que luego se esfumara. Marlaska garantiza a Llarena que la detención de Puigdemont «ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio del Interior», puesto que el exlíder postconvergente –recuerda el documento- está incluido en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, «con sucesivas modificaciones posteriores en función de las distintas situaciones procesales del expresident».

Interior trata de dejar claro que cumplió el procedimiento normal en estos casos, aunque no fuera mucho más allá en el despliegue para tratar de apresar e Puigdemont. Recuerda en su informe que la última modificación de la orden de captura se realizó el pasado 11 de junio, cuando el magistrado del Supremo resolvió mantenerla en vigor la orden y que esta confirmación se «incluyó en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales, en el apartado de 'órdenes de búsqueda'». Es más, que el ministerio dio traslado, a través de las delegaciones del Gobierno, a los cuerpos policiales autonómicos en cuyo territorio hay frontera con Francia: Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra.

En todo caso, «en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont», insiste el texto remitido al Supremo.

Y a partir de ahí, empiezan las justificaciones de por qué no se activó ningún procedimiento especial o «extraordinario». El documento recuerda que el artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la «ausencia de controles» de personas en las fronteras interiores que, según el código de fronteras Schengen, «han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna». Esas limitaciones, según Interior, dificultan «cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento».

El código de fronteras Schengen -reconoce el equipo de Marlaska- abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores, pero no para un caso como el del regreso de Carles Puigdemont. Reactivar el blindaje fronterizo, arguye el informe, debe ser justificado ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la existencia de una «amenaza grave para el orden público o la seguridad interior». Y no era este supuesto.

Interior recuerda que España ha restablecido los controles en las fronteras interiores Schengen en diversas ocasiones, de forma excepcional, como durante la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022 o, en 2020 durante la pandemia. Pero ésta es una medida de «último recurso» que, «no está prevista para supuestos como el objeto de este informe» (la captura de Puigdemont).

El informe remitido al Tribunal Supremo explica que, por los canales y medios habituales de comunicación, los Mossos d'Esquadra informaron al ministerio del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresident una vez fuese localizado.

Interior recalca en el documento que, por su parte, ofreció a la policía autonómica cualquier «apoyo operativo» por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase, «sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia». Por tanto, desde los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona.

Sin embargo, «dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos d'Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa, tal y como establece el artículo 164 del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, Policía Nacional y Guardia Civil, no realizaron operativos paralelos para detener al expresident», apuntó el departamento de Marlaska en una nota oficial, de la que luego desapareció este último párrafo, en el que se vislumbraba una dura crítica al cuerpo autonómico y en el que se admitía sin tapujos que las fuerzas de seguridad del Estado no pusieron en marcha ninguna operación especial para capturar al prófugo.

El documento reconoce, en fin, que no hubo una movilización policial de cierto calado hasta que la confirmación de la huida provocó el bochorno generalizado. Solo en ese momento, Interior impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos» para localizar y proceder a la detención del huido.

«Así, y con los recursos disponibles, se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos de Esquadra. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto», concluye Interior.