El marido de Ana Rosa busca proteger su pacto con Anticorrupción expulsando a Podemos

Para ello, los procesados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020 para reconocer los hechos imputados en el escrito provisional de acusación, colaborar en el esclarecimiento de los mismos, reparar el perjuicio económico causado y abonar la multa pendiente. A cambio, el Ministerio Público modificó la petición inicial de pena de ocho años de prisión a 11 meses por la llamada 'pieza Pintor'. Un castigo que al ser inferior a dos años, y carecer de antecedentes, evitaría su encarcelamiento.

En esta subcausa se examinan los servicios pagados al comisario José Manuel Villarejo para conseguir información comprometedora sobre un antiguo socio, que podía estar simulando una insolvencia ante Hacienda para no abonar una deuda conjunta. Está confirmado al menos un pago de los empresarios de 20.000 euros a la sociedad Cenyt, que llegó a usar un vídeo comprometedor del abogado de la víctima, el exjuez Francisco Javier de Urquía, para extorsionarlos entre 2016 y 2017.

Pues bien, esta estrategia de colaboración de los Muñoz Tamara para eludir la entrada en prisión parece estar encauzada si admiten todos los hechos imputados por Anticorrupción. Sin excepciones ni matices. Y solo un obstáculo procedimental podría hacer descarrilar ahora la pretensión de ambas partes. Una traba no menor llamada Podemos.

El motivo es que el partido político está personado como acusación popular en esta pieza del 'caso Villarejo' y mantiene su petición provisional contra el marido de Ana Rosa y su hermano: 17 años de cárcel para cada uno. Es decir, se desentiende de momento del pacto con el Ministerio Público a la espera del desarrollo del juicio y de la fase de conclusiones.

Por lo tanto, se da la paradoja de que el acuerdo de conformidad no estará cerrado si no se suma la acusación de Podemos, que tiene en sus manos el horizonte procesal de la pareja de la comunicadora de Telecinco. En este sentido, son de sobra conocidas las tensas relaciones informativas de Ana Rosa con los dirigentes de la formación morada.

Con este contexto, en las cuestiones previas de la vista oral, los abogados de los Muñoz Tamara centraron su intervención en un solo objetivo: justificar ante el tribunal que Podemos no tiene «interés legítimo» en la causa, reclamar su expulsión y dejar la vía expedita para el acuerdo con la Fiscalía.

Las defensas alegaron que uno de los delitos imputados a los empresarios, revelación de secretos, solo afecta a particulares y no tiene importancia pública, y sacaron a colación los propios estatutos de Podemos para argumentar su postura. «Podemos aquí no pinta nada. Ya bastante ha pintado en su momento y bastante daño ha hecho en la causa», recriminó el abogado de Juan Muñoz, que se sumó a otros defensores, como el de la mujer de Villarejo, también procesada, para denunciar que su presencia solo tenía un interés electoral.

Se da la circunstancia de que este interés de los acusados para expulsar a Podemos coincidió con unas declaraciones de Villarejo fuera de la Audiencia Nacional que llamaron bastante la atención. A diferencia de su esposa Gemma Alcalá, el comisario jubilado restó importancia a la presencia del partido como acusación popular, pero señaló sin venir al caso que «en otro tiempo trabajó» con la dirigente de Podemos Gloria Elizo, quien dirigiera la estrategia jurídica de la formación. Villarejo dijo que utilizó su despacho de abogados como un «buzón» además de pagarle «honorarios». Algo que ésta negó de plano y enmarcó en la querencia del acusado por el «enredo procesal».

No obstante, el comisario jubilado no da puntadas sin hilo cuando señala a un cargo de Podemos el mismo día que sus antiguos clientes y su mujer quieren expulsar al partido del procedimiento para salvaguardar su futuro judicial.