El marido de Ana Rosa admite que acordó con Villarejo extorsionar a un abogado

El marido de la periodista Ana Rosa Quintana, que ha llegado a un acuerdo provisional con la Fiscalía Anticorrupción para admitir los hechos a cambio de evitar su ingreso en prisión, ha explicado los pormenores del encargo que hicieron al comisario a cambio del abono «de 20.000 euros en metálico», que se entregaron en mano a Villarejo en su despacho de Torre Picasso de Madrid.

Tanto Juan Muñoz Tamara como su hermano Fernando, también acusado, han reconocido la existencia de dos vídeos del abogado y exjuez Francisco de Urquía, defensor del empresario Mateo Martín Navarro, con el que Fernando tenía la citada disputa por un procedimiento por fraude fiscal que se remontaba a 2008.

Según Juan Muñoz, «en el vídeo se ven personas consumiendo drogas y también mujeres que parecían ser prostitutas. Los visionamos en el despacho de Villarejo en Torre Picasso (Madrid). Estaba mi hermano y nuestros abogados. Se entregó una copia a Ricardo Álvarez- Ossorio (defensor de Fernando Muñoz)», ha señalado.

El objetivo de estos vídeos era debilitar la posición del abogado De Urquía, que había convencido a su cliente para que se declarara insolvente y no confirmara un acuerdo previo con Fernando Muñoz para hacer frente a la previsible multa de forma solidaria.

Con este asunto se inició el «conflicto» y fue cuando los hermanos Muñoz Tamara contrataron los servicios de la empresa Cenyt de Villarejo para obtener información patrimonial de Mateo Martín Navarro y rebatir la citada insolvencia. Estaban seguros por su «tren de vida» de que tenía fondos suficientes para abonar la multa. «Para conseguir este objetivo se incluía cualquier tipo de información que tuviera el comisario» y solventar el problema familiar, ha admitido Juan Muñoz Tamara.

Éste y su hermano también han reconocido haber visionado en 2017 un segundo vídeo del exjuez De Urquía en un aseo de un local público consumiendo drogas. Tanto Juan como Fernando esperan que se consume el acuerdo con la Fiscalía tras admitir el delito de cohecho, ello pese a que no cuenta con la aprobación de la acusación popular de Podemos, que mantiene su petición de 17 años de cárcel por varios delitos.