El caso ERE, el que marcó la política andaluza en la última década

Durante este periodo, donde en la comunidad se han celebrado tres elecciones autonómicas (2012, 2015 y 2018) además de vivir una intensa actividad política, la instrucción de este caso judicial y la toma de algunas decisiones por parte de Ayala ha coincidido con momentos políticos de importante calado como citas electorales o la toma de posesión del Gobierno autonómico. Unos hechos que provocaron en su momento la denuncia del PSOE por esta coincidencia, en una velada crítica a un supuesto intento de que las decisiones judiciales pudieran afectar al devenir político.

Cuando a principios de 2011, Ayala abre el 'caso ERE', el PSOE ya se encontraba en una posición complicada a nivel nacional a consecuencia de la crisis económica y que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a adelantar las elecciones generales. En este contexto, el socialismo andaluz quedaba en una situación de debilidad. Además, en las elecciones municipales de ese año los socialistas sufrieron una derrota en Andalucía. Pocos días antes de esos comicios, Ayala había llamado a declarar a algunos de los imputados en el caso Mercasevilla como el entonces candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, Anotnio Rodrigo Torrijos.

En las generales de ese año, el PSOE-A sufrió un importante varapalo electoral en vísperas de la celebración de las elecciones autonómicas de marzo de 2012. En ese momento, las encuestas apuntaban a una victoria del PP en la región y la posibilidad de que se produjera un cambio en la Junta tras treinta años de gobiernos socialistas. El inicio de aquel 2012, en pleno clima preelectoral, estuvo marcado por la imputación por parte de Ayala del primer alto cargo de la Junta: el director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Poco después, la jueza acusó a la Junta de haber alterado 480 actas de los consejos de gobierno de la Junta ente 2001 y 2010.

Pero lo más llamativo estaba por venir. La campaña electoral arranca con la declaración ante la juez Mercedes Ayala del exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso Javier Guerrero y cinco días antes de que los andaluces acudieran a votar, el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, declaró que parte del dinero de las ayudas que debían ir destinadas a los parados se gastaba en fiestas y en cocaína; dio el detalle de que se gastaban 25.000 euros al mes en drogas. El escenario auguraba una victoria del PP en las elecciones autonómicas como así sucedió pero insuficiente para gobernar y PSOE e IU firmaron un acuerdo para un Gobierno de coalición.

En noviembre de 2012 se cerró la comisión de investigación parlamentaria sobre este caso sin consenso en las conclusiones. Al año siguiente, en verano cuando el PSOE-A tenía un proceso de primarias para elegir al sustituto de José Antonio Griñán como candidato a la Presidencia de la Junta -el entonces presidente comunicó antes que no volvería a optar al cargo-, la jueza Ayala imputó el 2 de julio a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y a otros 19 cargos de la Junta.

En ese momento, de efervescencia política en el PSOE-A (Susana Díaz, Luis Planas y José Antonio Rodríguez optaban ser el candidato socialista a presidir la Junta), el cerco judicial sobre Griñán se fue estrechando. El 27 de agosto de 2013, Griñán dimitió como presidente de la Junta y fue sustituido por Díaz.

El Gobierno de la presidenta de la Junta tomó posesión de su cargo el 10 de septiembre. Ese mismo día, la jueza Mercedes Ayala señaló a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como imputados en el caso de los ERE y a cinco exconsejeros, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera, todos ellos, en aquel momento, aforados.

Durante todo estos años, el PP hizo bandera del caso de los ERE para atacar e intentar desgastar al gobierno socialista de la Junta. En 2015 Susana Díaz decidió romper el acuerdo de gobierno con IU en un momento en que se encontraba con fuerza y adelantó las elecciones. Además hubo un cambio en el juzgado de los ERE, ya que Mercedes Ayala, que se incorporaba a su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla, fue sustituida por María Núñez Bolaños. El PSOE ganó los comicios e irrumpió en el Parlamento una nueva fuerza política Ciudadanos (también lo hizo Podemos) que pactó apoyar a los socialistas. A cambio, la formación naranja exigió las cabezas políticas de Chaves y Griñán, que tuvieron que dejar el partido. Ambos fueron finalmente procesados en junio de 2016.

Un año después, en diciembre de 2017, comenzó el juicio de la llamada pieza política del caso de los ERE, que quedó visto para sentencia un año después. En este periodo se celebraron elecciones autonómicas el 2 de diciembre de 2018 que provocaron un vuelco político en Andalucía ya que la irrupción de Vox permitió formar un gobierno de derechas entre el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la formación de Santiago Abascal y que por primera vez en Andalucía hubiera un gobierno sin el PSOE. La sombra de los ERE también estuvo sobre esta cita electoral, aunque pesó y mucho la irrupción de un partido como Vox.