De la Marcha Verde a la 'marcha negra', los roces diplomáticos entre Madrid y Rabat

Cuando no le gusta algo que hace España, el reino alauí deja de controlar sus costas para favorecer la llegada de inmigrantes. Lo hizo el pasado abril en represalia por una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ligada al espinoso asunto del Sáhara, prioridad absoluta de la diplomacia alauí. El Ejecutivo había llegado a un acuerdo con Argelia para hospitalizar en Logroño a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui. Dos días después, 130 migrantes nadaban los 300 metros que separan la playa de Castillejos de Ceuta ante la mirada impasible de la Policía marroquí.

Esta estrategia de presión no es nueva. La ideó y puso en marcha Hassán II, padre del actual monarca, para forzar al régimen franquista a cederle la administración del Sáhara de forma provisional. El 6 noviembre de 1975, más de 350.000 marroquíes respondieron al llamado de Hassán II para que se dirigieran a pie, a través del desierto y armados con la bandera nacional y el Corán, hacia la colonia española, en la conocida como Marcha Verde. Ocho días después, España firmaba con Marruecos y Mauritania un acuerdo mediante el cual Madrid cedía la que había sido hasta entonces su colonia en el norte de África.

El Frente Polisario inició entonces una guerra que obligó a Mauritania a retirarse de su porción del territorio, de la que se adueñó Marruecos. En 1991, Rabat y el Polisario alcanzaron un acuerdo que prevé un alto el fuego y un referéndum de autodeterminación de la población saharaui que no se ha celebrado a causa de las trabas puestas por el reino alauí.

España siempre ha mantenido una postura neutral sobre el conflicto -lo que incomoda a Marruecos- apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para hallar una solución que, a estas alturas, parece imposible. «Este mensaje se ha mantenido sin cambiar ni una coma ni en público ni en privado», aseguró la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tras el estallido de la crisis migratoria y diplomática.

Ceuta y Melilla suponen otro de los conflictos enquistados. Rabat reclama desde hace décadas la soberanía de estas dos ciudades autónomas y un conjunto de rocas y promontorios situados frente a la costa marroquí. La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007, la primera oficial, se consideró una afrenta en el país africano que desembocó en una crisis de 70 días en las que el Gobierno alauí retiró al embajador en Madrid y las relaciones se congelaron.

En estas disputas territoriales se enmarca el incidente de Perejil, que tuvo lugar en julio de 2002 cuando la Marina marroquí ocupó el islote español. El Ejecutivo de José María Aznar obtuvo rápidamente el apoyo tanto de la Unión Europea como de la OTAN, que calificó la actuación de Rabat como «gesto inamistoso» y el conflicto finalizó nueve días más tarde tras la intervención de Washington.

En 2009 hubo una nueva crisis diplomática por la expulsión de Marruecos de la activista Aminatu Haidar por reconocerse como saharaui y no como marroquí en los papeles de entrada al país. Rabat llevó a Haidar a Lanzarote donde pasó 32 días en huelga de hambre para reclamar su entrada en el Sáhara, que logró con la mediación de Francia y Estados Unidos.

Otro punto de fricción es la demarcación de las aguas territoriales, que afecta principalmente a la pesca. Entre julio de 2018 y julio de 2019, la flota pesquera española con licencia para faenar en el caladero marroquí permaneció parada mientras se negociaba el nuevo acuerdo entre Marruecos y la UE. Uno de los obstáculos de la negociación fue el Sáhara. El Tribunal Superior de Justicia europeo falló que sus aguas debían quedar fuera del pacto por ser un territorio pendiente de descolonizar, pero finalmente se acordó incluir aguas adyacentes al territorio en discordia en las que se realizan el 90% de las capturas.

En marzo año pasado, Marruecos aprobó sendas leyes por las que ampliaba de facto su delimitación de aguas territoriales y su zona económica exclusiva sin haber alcanzado un acuerdo previo con España, al entrar en conflicto los límites con aguas de las islas Canarias. El proceso de delimitación aún no ha concluido, pero puede reavivar las tensiones entre ambos países.