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Héctor Barbotta
Sevilla
Jueves, 18 de julio 2024, 13:21
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves volvió a entrar este jueves a la sede del PSOE de Andalucía después de más de una década y lo hizo para dar un contundente mensaje político. Lo hizo un día después de conocerse la decisión ... del Tribunal Constitucional que estima parcialmente su recurso por el caso de los ERE y anula la sentencia que lo condenaba a nueve años de inhabilitación. El líder más longevo que ha tenido el socialismo andaluz compareció para asegurar que esa decisión supone una derrota judicial y política del Partido Popular y el inicio de una nueva etapa política en Andalucía que terminará con el ciclo de gobierno de esa formación en la comunidad. «Marca un punto de inflexión en la política andaluza -aseguró Chaves en la convocatoria de prensa más concurrida que ha tenido el PSOE-A en los últimos años-, empieza el principio del fin del ciclo del gobierno del PP en Andalucía».
El expresidente inscribió todo el procedimiento de los ERE en una gigantesca operación mediática y política «con ropaje judicial» inspirada por el Partido Popular para desalojar al PSOE del poder en Andalucía ante su impotencia para hacerlo en las urnas. En su opinión, fue «la operación más grave que ha habido en España para tumbar a un gobierno y al partido que lo apoyaba».
Aunque se resistió a considerar a este proceso como una operación de 'lawfare', sí dijo que se trató de una acción judicial prospectiva que abrió una causa general contra el Gobierno andaluz a partir de la elaboración de una tesis de confabulación política. «Había una dirección de tratar de implicar a la cúpula política de la Junta de Andalucía», dijo Chaves, que aseguró que tanto él como los principales cargos socialistas fueron condenados porque los jueces de la Audiencia de Sevilla y después del Tribunal Supremo «no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en las facultades de derecho, que una ley no puede ser ilegal».
En ese sentido, subrayó que las sentencias del Tribunal Constitucional han sido muy claras en este aspecto. «Fuimos condenados por aprobar proyectos de ley que después fueron aprobados en el Parlamento de Andalucía», afirmó.
En su opinión, el objetivo en este proceso del Partido Popular, en el que ejerció la acusación particular, no era que se hiciera justicia, sino «ganar las elecciones por los medios que fueran». Ahora, dijo, el PP tiene que aceptar que esas sentencias ya no existen al haber sido declaradas nulas.
Chaves se remontó a las elecciones de diciembre de 2018, que supusieron la salida del PSOE del poder en Andalucía tras 37 años en el gobierno y dijo que aquellos resultados estuvieron fuertemente influenciados por este proceso. «Nosotros no vamos a cuestionar la legitimidad de un gobierno que accede al poder con los votos de la mayoría, pero hubo una operación política y mediática que echó tierra en el engranaje de un adversario político, hubo una evidente relación».
Ahora, una vez que el Constitucional ha anulado la sentencia, se abre en su opinión un nuevo ciclo político en el que el PSOE no tendrá que soportar la losa de este caso. «El pueblo andaluz es sabio y valorará esto», aseguró antes de vaticinar que se abre un nuevo ciclo político en Andalucía.
Chaves, que estuvo acompañado en su comparecencia por el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y por el presidente de esa formación, Manuel Pezzi, dio señales de aspirar a jugar algún papel en esa nueva etapa. De momento, anunció que pedirá el reingreso en el PSOE, del que se apartó al ser imputado, y que se pondrá a disposición de la dirección socialista.
El expresidente de la Junta reveló que al dejar la presidencia de la Junta tenía el proyecto de montar un observatorio político independiente. A sus 79 años entiende que ese tiempo ya ha pasado y lamentó que la condena haya truncado el proyecto, del mismo modo que lamentó la situación de sus compañeros que perdieron puestos de trabajo o que pasaron por la cárcel «sabiendo que eran inocentes».
En relación con la condena por las modificaciones presupuestarias de 2000, 2001 y 2004 que el Constitucional no cuestiona y que ahora deberán ser objeto de una nueva sentencia por parte de la Audiencia de Sevilla, se limitó a decir que el tribunal de garantías ha anulado completamente la sentencia que lo condenaba.
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