Manos Limpias pide al juez que reclame a Moncloa los teléfonos de Begoña Gómez

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el pseusodindicato de funcionarios que denunció a Gómez por un delito de tráfico de influencias reclama a su titular, Juan Carlos Peinado, la intervención de los teléfonos de la denunciada, tanto oficiales como particulares, para «verificar» las comunicaciones con los empresarios que asesoró.

Para ello, solicita al juez que se dirija a Moncloa para ejecutar esta medida y poder examinar así «la lista de llamadas» de esos teléfonos «para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí», la SEPI, Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés - a quien Gómez habría avalado por carta en adjudicaciones públicas que suman diez millones de euros-, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el «caso Koldo», y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, con quien se habría reunido mientras se sustanciaba el rescate a Air Europa, compañía bandera del grupo, con más de 474 millones de dinero público por los efectos de la pandemia.

Además, el colectivo dirigido por Miguel Bernad, a quien el Tribunal Supremo absolvió en marzo pasado de los delitos de extorsión y estafa por los que fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel, solicita al instructor que reclame «el listado de entidades privadas y públicas» con las que Begoña Gómez, que no está imputada por ahora por estos hechos en las diligencias incoadas por el juzgado, «ha tenido relación a través de IE África Center», del que «es directora».

En su escrito, Bernad contesta a quienes critican que el magistrado haya abierto diligencias secretas con base en una denuncia con meras informaciones periodísticas y recuerda que la «operación Nelson», que le llevó a prisión, «se inició por una denuncia anónima». «No se trata de recortes de prensa que se han cortado con una tijera y se han remitido al juzgado», sino «hechos que tienen reflejo en medios de comunicación y que, si tienen apariencia de delito, deben ser denunciados, máxime ante la pasividad de un Ministerio Público que no cumple con su deber», asegura en relación a la Fiscalía, que ya ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la apertura de diligencias y ordene al juez que las archive ante la falta de indicios.

Según Manos Limpias, la esposa de Pedro Sánchez avaló por carta a Barrabés, «consultor de su master», en la adjudicación de tres contratos por valor de diez millones entre 2020 y 2021. La denuncia señala también que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de Begoña Gómez antes del rescate» de la compañía por 475 millones. Del mismo modo, alude a supuestas reuniones con Aldama, uno de los principales comisionistas del «caso Koldo», y con Javier Hidalgo en fechas coincidentes con ese rescate.

Hasta el juzgado de Peinado ha llegado también una querella del colectivo provida Hazte Oír por presunto tráfico de influencias contra Begoña Gómez, que «se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades», algo para lo que habría aprovechado su presencia como «miembro del sequito de acompañamiento del presidente en varios viajes oficiales».

«Lo más destacado es que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó dos contratos al Grupo Barrabés, y en los expediente de adjudicación constaban dos cartas de recomendación/aval de Begoña Gómez», señala la querella. En el primero, en julio de 2020 por 7,7 millones de euros, Barrabés resultó adjudicatario a través de una UTE (unión temporal de empresas) con la escuela de negocios The Valley. Llama la atención, según la asociación, que solo el primer lote suponía el 60% de la facturación anual de Barrabés en todo el ejercicio anterior.

El segundo contrato se adjudicó en agosto de 2021 por 4,4 millones de euros e incluía una «declaración de interés» de Begoña Gómez «firmada de su puño y letra» dirigida a la mesa de contratación. La UTE se impuso al resto de ofertas «por un ajustadísimo margen», señalaba Hazte Oír, para la que «el peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final».

Lejos de parecer una petición descabellada, la intervención de los teléfonos de Begoña Gómez, en caso de confirmarse, queda bajo el secreto del sumario decretado por el juez Peinado. Esta decisión es especialmente importante, ya que la finalidad del secreto es "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". No obstante, los juristas consultados ponen el acento en que la entrada y registro en la Moncloa o la intervención de algún teléfono parece una medida desproporcionada, porque el delito denunciado tiene una pena de entre seis meses y dos años, es decir, no es grave.