Sumar eleva la presión sobre la ministra de Vivienda y el PSOE tras la manifestación en Madrid

Entre las reclamaciones que se formularon bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' figuran la rebaja drástica de los precios del alquiler y de la compra de casas para los jóvenes, acabar con la venta de pisos sociales a fondos buitre o prohibir los apartamentos de uso turístico. También sobresalió una amenaza: llevar a cabo una huelga de impago a los arrendadores.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, uno de los convocantes, defiende la huelga con el fin de doblegar así a los propietarios y rebajar las rentas hasta en un 50%. Es decir, dejar de pagar los recibos mensuales pese a que esto conlleve las acciones judiciales que colapsarían los juzgados. «No va a haber Policía ni matones suficientes para frenar a todas las personas que hoy han acudido a la movilización en este propósito», resaltó la portavoz de este sindicato, Valeria Racu, en referencia a grupos ultra derechistas como Desokupa.

Más dura aún se mostró la secretaria general de Podemos. «Todo esto, en este momento, se puede hacer por ley, a través de políticas que haga el Gobierno de España. El problema es que España tiene un Gobierno en el que ya solo manda Sánchez y que no se toma en serio la lucha por la garantía del derecho a la vivienda», señaló Ione Belarra.

«Basta ya de especulación y de que unos pocos esquilmen los salarios», añadió Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Pero la advertencia más contundente de todos los dirigentes políticos que se pronunciaron fue la de Íñigo Errejón. El portavoz parlamentario de Sumar avisó a la ministra Isabel Rodríguez que «ya no puede no hacerse cargo de este clamor social». Lo que no dejó claro en su mensaje el exfundador de Podemos, lo hiciera con intención o no, es si la coalición izquierdista a la que representa exige también la renuncia de la titular de Vivienda, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado.

En representación del PSOE acudió a la manifestación Reyes Maroto, exministra de Industria y portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, quien lejos de asumir las críticas al PSOE apuntó hacia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en clave local y le recriminó que «las calles de Madrid se llenan para decir muy alto y claro que la vivienda es un derecho».

Los socios de Gobierno llevan peleándose entre sí en torno a la Ley de Vivienda desde 2019. El último traspiés para regular la situación llegó el 18 de septiembre, cuando Junts tumbó en el Congreso la iniciativa de Sumar para legislar una regulación de los precios del alquiler. La formación que dirige Carles Puigdemont se justificó en que puede compartir el fondo de la propuesta, pero que votó en contra como castigo al Gobierno por sus intereses particulares.

La brecha entre los aliados parlamentarios de Sánchez la aprovechó de inmediato el PP para presentar una propuesta propia. «Hemos visto como toda la estrategia de vivienda del Partido Socialista ha sido un rotundo fracaso. No es casualidad que hoy en España el segundo problema de los españoles sea el de la vivienda», defendió la dirigente del PP Ester Muñoz el 30 de septiembre. «Nunca el control de los precios solucionó absolutamente nada» añadió.

La ministra Isabel Rodríguez, a la que una amplia mayoría de partidos exige la dimisión, defiende que «el Gobierno tiene el compromiso absoluto de destinar todos los recursos del Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible».