La iniciativa del PSOE para abolir la prostitución provoca malestar en Sumar

Los de Yolanda Díaz lamentan, especialmente, el «momento político» que, consideran, ha elegido su socio de Gobierno para llevar esta iniciativa a la Cámara baja. Un asunto espinoso en pleno ciclo electoral (con comicios en País Vasco, Cataluña y las europeas) y cuando los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados con el consiguiente retraso para las medidas sociales con las que estos esperaban desarrollar su programa tras la aprobación, tras meses de negociaciones, de la ley de amnistía.

La iniciativa abolicionista, como reconocen en Sumar, requerirá de «un profundo debate» dentro del grupo parlamentario, que no se saldará, como mínimo, hasta después de Semana Santa. Los comunes, Más Madrid y Compromís no son partidarios de la propuesta socialista, mientras que la tradición de Izquierda Unida es la de la derogación.

Si no hay consenso, la dirección del grupo parlamentario podría optar por permitir libertad de voto, como ya sucedió la legislatura pasada cuando los siete diputados de En ComúPodem votaron en contra de la medida. En aquella ocasión, el Congreso tomó en consideración la propuesta socialistas, con los votos favorables de PP y Vox, con Esquerra y Junts en contra y la abstención de PNVy EH Bildu.

En esta ocasión existe una sensación generalizada en la bancada de Sumar de que los socialistas pretenden «sacar a relucir» sus «contradicciones» y «dividir gratuitamente al feminismo», como explican fuentes del Grupo Plurinacional. Su portavoz adjunta, Aina Vidal (diputada de los comunes), ya explicó que desde su formación están «firmemente comprometidas con las trabajadoras sexuales».

Los socialistas, por su parte, intentan con esta iniciativa demostrar que la legislatura no está varada tras la renuncia a las Cuentas Públicas de 2024, en contra de lo que llevan alertando los portavoces de Sumar desde que se dinamitó la legislatura catalana con el adelanto electoral al 12 de mayo. Sin embargo, el asunto elegido por Ferraz para iniciar esta estrategia, el de la prostitución, no podría resultar más conflictivo para el bloque de investidura.

Lo cierto es que el pasado 8 de marzo, un grupo impulsado por la exportavoz de Igualdad del PSOEen el Congreso, Ángeles Álvarez, y las filósofas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, propuso la recogida de firmas en el partido «para promover la expulsión de los cargos públicos que soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea». Texto al que se adhirieron la exvicesecretaria general Adriana Lastra; la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; o la exministra Rosa Aguilar, entre otras dirigentes.