El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

El Gobierno, que elige a este magistrado seis días después del fallecimiento de José Manuel Maza en Buenos Aires, propondrá su nombramiento en el Consejo de Ministros de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido que el Gobierno no consultó con otros partidos la propuesta del magistrado Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado, si bien ha remarcado que esta es una responsabilidad que compete al Ejecutivo y se ha mostrado convencido de que el candidato obtendrá el "máximo apoyo y reconocimiento".

El magistrado del Tribunal Supremo es propuesto nuevo fiscal general del Estado en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

A diferencia de su antecesor en el cargo, el jurista se encontrará una Fiscalía Anticorrupción más pacificada tras el nombramiento como jefe de la misma de Alejandro Luzón que vino a sustituir a Manuel Moix el pasado 1 de junio. Moix abandonó la jefatura de esta Fiscalía tras 87 días en el cargo por el escándalo de su empresa ofshore en Panamá.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.

Autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre ellas varios libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

En 2006, Sánchez Melgar fue uno de los impulsores de la que se denominó 'doctrina Parot', que toma el nombre del terrorista francés Henri Parot y cuyo objetivo era evitar que los condenados conforme al Código Penal de 1973 pudieran obtener redenciones de pena y salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a determinados beneficios carcelarios.

Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó la 'doctrina Parot' al considerar que vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto supuso la excarcelación de decenas de presos con condenas muy elevadas, la mayoría terroristas de ETA, violadores y asesinos.

A diferencia de la anterior, Sánchez Melgar votó en contra de la 'doctrina Botín', la cual hace referencia a una sentencia del Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del alto tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si sólo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

La 'doctrina Botín' ha sido invocada en varios casos muy conocidos; por ejemplo, la defensa de la Infanta Cristina pidió la aplicación tras su imputación en el casol Nóos, después de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado no presentaran acusación contra ella.

El aval del Poder Judicial, que no tiene carácter vinculante, consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato "a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad" del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal o fiscala general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español" y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto.