Isabel Perelló promete su cargo como presidenta del Poder Judicial y afianza la mayoría progresista

Los consejeros llegaron a la sesión de este martes con los deberes hechos para evitar el sonrojo de acudir descabezados a la tradicional apertura del curso judicial, que se celebra este jueves y que estará presidido por Felipe VI. Perelló se estrenará precisamente en este acto con su primer discurso ante la cúpula del alto tribunal. Lo hará en un momento en el que el Poder Judicial se ha convertido en víctima colateral de la polarización política, agravada por la resistencia de algunos magistrados para aplicar la ley de amnistía.

En clave interna, la elección de la nueva presidenta solo fue posible gracias el cambio de las reglas del juego alcanzado el lunes por la noche para lograr el consenso entre los dos bloques del Consejo: conservadores y progresistas. Fue el primer grupo quien propuso ampliar la lista de candidatos después de que ninguno de los siete magistrados de la terna inicial hubieran conseguido la mayoría de 3/5 que exige la ley para lograr la presidencia. Esto es, 12 de los 20 votos en liza. Y fue en ese nuevo escenario donde apareció el nombre de Perelló para salir del bloqueo.

Así, desde primera hora de la mañana del martes ya se sabía que la favorita y quien aunaba el consenso mayoritario entre los grupos era esta magistrada, una vez que su compañera Pilar Teso decidió retirar su candidatura tras tres votaciones fallidas en las que solo logró el respaldo de los diez vocales del sector progresista. La otra aspirante en el pleno fue la también progresista Ana Ferrer, de la Sala Segunda (Penal), que obtuvo cuatro de los 20 votos en disputa.

Las reuniones contrarreloj entre los equipos negociadores desvelaron que el bloque conservador, con José Antonio Montero a la cabeza -integrante de la misma Sala del Supremo que Perelló-. dio su visto bueno a esta magistrada. La consideran «neutral» e «independiente» y una «firme defensora del Estado constitucional». Además, cumplía con el requisito de los progresistas -que ahora verán reforzada su mayoría en el pleno- de que sea mujer.

Perelló está asociada a Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que junto a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) son los colectivos que tienen mayor presencia en el nuevo CGPJ: diez de los 20 vocales. Catalana de 66 años, es miembro del Supremo desde hace 15 años y será la primera presidenta del alto tribunal desde su creación en 1812. «Ha roto el techo de cristal histórico en la judicatura», destacaron ayer de forma unánime las asociaciones judiciales, quienes elogiaron sus «méritos, capacidad y excelencia» para reflotar la maltrecha reputación del Consejo tras sus cinco años y medio en funciones.

Ingresó en la carrera en 1985 y ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Especialista de lo contencioso-administrativo, sirvió en esta jurisdicción en el Tribunal Superior de Andalucía (1991) y en la Audiencia Nacional (1994). También fue letrada en el Tribunal Constitucional (1993-2003). Ha participado en diversos cursos sobre materia constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y transparencia. Y es coautora de varias obras jurídicas y ha colaborado en libros sobre derechos humanos.

Entre sus decenas de resoluciones como ponente en el Supremo, Perelló firmó el auto que rechazó hace solo un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la circunscripción de Madrid (estaba en juego un escaño clave que hubiera evitado al PSOE buscar el apoyo de Junts). Perelló consideró que «la mera diferencia numérica en los resultados» que se aducían en este caso (1.200 votos) no era «base suficiente» para la revisión de las urnas.

Ahora será la encargada de dirigir el CGPJ, una institución que maneja un presupuesto cercano a los 80 millones de euros y que se ocupa de seleccionar a los altos cargos de la carrera y de sancionar las infracciones de los jueces. Del mismo modo, tendrá un papel protagonista en el funcionamiento del Consejo. Cuenta con el voto de calidad en caso de empate en los plenos o de alcanzar una mayoría reforzada para los nombramientos de jueces (existe más de un centenar de plazas pendientes de cubrir, con 26 vacantes solo en el Tribunal Supremo, el 30% de la plantilla).

También dirigirá la Comisión Permanente (órgano ejecutivo) y tendrá el control sobre los asuntos a tratar y la facultad para designar a los ponentes de los informes sobre los anteproyectos de ley del Gobierno. Además, tendrá la última palabra sobre los próximos nombramientos en el Consejo, como son el del vicepresidente del Tribunal Supremo, el secretario general del CGPJ, el promotor de la acción disciplinaria contra los jueces o el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género.