29 detenidos en Cataluña por el desvío de dos millones en ayudas para financiar el 'procés'

A los detenidos en la operación Estela se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los agentes realizan registros en sedes de la Generalitat y las oficinas de Ccooperacion al Desarrollo de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas.

La operación contra esta trama de corrupción es el resultado de dos años de una laboriosa investigación realizada por agentes de la UDEF. La investigación se centra en proyectos de aguas, recogida de residuos, entre otras cuestiones, en América Latina, Marruecos y Bosnia que nunca llegaron a realizarse y cuyos fondos fueron desviados a cuentas particulares.

Según las primeras indagaciones llevadas a cabo por la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, ese dinero —que estima en al menos dos millones de euros en el periodo investigado— nunca llegó a sus destinatarios sino que sirvió para lucros personales y, presuntamente, para financiar el 'procés', «a la luz del fuerte compromiso independentista de los detenidos, algunos de los cuales tienen empresas ligadas al proceso secesionista catalán», explican.

Entre los arrestados hay un aforado, miembro del Parlament de Cataluña, y muchos de ellos «son personas muy cercanas a Quim Torra», el nuevo presidente de la Generalitat designado por Carles Puigdemont desde Berlín, donde se encuentra a la espera de lo que decida un tribunal decida si entregarlo a o no a España donde está procesado por un delito de rebelión y sedición. Además, y siempre según fuentes de la investigación, se trata de personas «muy relacionadas con el ámbito internacional».

Según informan fuentes de la investigación, la mayor parte de los detenidos han ostentado puestos directivos y técnicos en organismos públicos catalanes. De confirmarse las sospechas de los investigadores, también se confirmaría por primera vez que el proceso del independentismo catalán se ha valido del dinero público para llevarse a cabo. La fuente de financiación del procés es una de las principales cuestiones desde la celebración del referéndum secesionista del pasado 1 de octubre que, hasta el momento, no ha podido ser probada.

Los informes de la UDEF sitúan en el epicentro de la trama a los políticos independentistas Fracesc Dalmases y Víctor Terradellas, piezas claves en el intento de internacionalizar el 'procés'. Dalmases, número 16 en las listas de la circunscripción de Barcelona de Junts per Catalunya en las elecciones al Parlamento del pasado diciembre, es presidente y fundador de la Asociación Igman, y fundador y director de la fundación CATmon y director de las revistas ONGC y Catalan International View.

Según han revelado las investigaciones policiales, el dinero de las subvenciones transitaban de «forma anómala» entre las cuentas bancarias de Igman, CAtmon y la sociedad mercantil Discatimat, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado o para terminar en cuentas personales de Dalmases y otros investigados.

Dalmases también aparece como vocal experto en representación de Igman en el Consell de Cooperació al Desenvolupament, un organismo consultivo que depende de la Generalitat y figura también como vocal en la junta directiva de Focir (Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), así como en el patronato de la Fundación Reexida, dedicada a la recuperación de la memoria nacional catalana. En diciembre de 2016, Dalmases fue propuesto por Carles Puigdemont como uno de los ocho coordinadores para el Pacto Nacional para el Referéndum.