La llegada de inmigrantes aumenta un 28,7%, con el epicentro en Canarias

El archipiélago ha visto este año incrementarse en un 889,5% las entradas de personas en situación irregular, lo que se traduce en el desembarco de 21.452 migrantes a sus costas frente a los 2.168 registrados en 2019.

Este factor ha llegado a provocar situaciones límite que tuvieron una gran repercusión en el plano político, como la crisis que se desató a finales de septiembre en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), principal puerto de operaciones de Salvamento Marítimo para la asistencia a las pateras detectadas al sur de las islas.

Las previsiones de acogida se han desbordado completamente entre octubre y noviembre, meses en los que se registraron 12.000 llegadas de inmigrantes a Canarias, la mayoría a Arguineguín, en cuyo puerto llegaron a amontonarse hasta 2.600 personas en muy pocos metros cuadrados, sin techo para todos, donde se dormían sobre mantas extendidas en el suelo, se compartía baño con cientos de personas y era imposible mantener la distancia de seguridad del protocolo covid.

«Ha sido una situación muy difícil, un muelle no es una infraestructura adecuada para estas circunstancias. Todas las personas que estuvimos allí al menos conseguimos darle ropa y comida caliente a los que llegaban», señala a este periódico el portavoz y subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja, José Javier Sánchez.

Las ONG comenzaron a referirse al muelle de Arguineguín, sin ambages, como el «campamento de la vergüenza», lo que acabó por provocar una tormenta de reacciones políticas cuyo ruido llegó a finales de noviembre hasta el Congreso de los Diputados. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a la zona el 20 de ese mes y anunció dos soluciones para tratar de mitigar la situación:_levantar carpas repartidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuertenventura para acoger en mejores condiciones a 7.000 inmigrantes, y comenzar las repatriaciones a terceros países con convenio. En todo casó, Grande-Marlaska negó tajantemente que el Ejecutivo fuera a iniciar reubicaciones desde el archipiélago a la península porque, afirmó, se quería evitar el «efecto llamada» y crear «vías de entrada irregular a Europa».

El Gobierno también inició una serie de reuniones bilaterales con terceros países como Senegal, Argelia o Marruecos con el objetivo de fomentar acuerdos de repatriación y gestionar de forma «ordenada, segura y legal» los flujos migratorios. Paralelamente, España, Italia, Grecia y Malta –los Estados miembros en primera línea de la frontera exterior de la UE en los que se concentra toda la presión migratoria– han hecho frente común contra el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que promueve la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los cuatro países se quejan de que el plan les impone nuevas obligaciones y no prevé medidas de solidaridad eficaces, ya que renuncia a las cuotas obligatorias para repartir a los migrantes por el territorio de la UE.

Pero sobre la posibilidad de que Canarias pueda convertirse en un nuevo Lesbos o Lampedusa, que sirvieron de escudo a la UE para frenar los flujos migratorios a través del Mediterráneo, el responsable de Cruz Roja considera que es «demasiado fácil» comparar al archipiélago canario con estas islas. «Estamos hablando de cifras absolutamente diferentes. Durante la llamada crisis de los cayucos de 2006 llegaron casi 30.000 personas, muchas más que en 2020», zanja José Javier Sánchez.