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La Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido aceptó este viernes tramitar la orden de detención contra la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí, procesada en rebeldía y a quien el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió una euroorden por un delito de sedición en la causa del 'procés' ... . El abogado de la acusada anunció que ésta comparecerá de forma voluntaria ante la Policía de Edimburgo el próximo jueves y será puesta a disposición judicial.
La decisión de la oficina británica de Sirene (el sistema europeo de cooperación policial) se produjo dos días después de rechazar el formulario español para incluir a Ponsatí en el fichero de detención y comenzar así el trámite de la euroorden. Lo justificó por la falta de argumentos sobre los hechos imputados, por lo que Llarena remitió este viernes más información.
En concreto, detalló que desobedeció de forma consciente y reiterada las resoluciones del Constitucional y del Tribunal Superior de Cataluña sobre la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Afirmó Llarena que el día 29 de septiembre, siendo la máxima responsable de la Consejería de Educación, «dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de Cataluña con objeto de que fueran utilizados como colegios electorales para la consulta».
Lo hizo, añade el juez, «con pleno conocimiento» del incumplimiento de resoluciones del Constitucional y a sabiendas de que el TSJC ordenó a los agentes policiales que procedieran al cierre de los centros de votación. El 28 de septiembre, subraya Llarena, los mandos de los Mossos d'Esquadra advirtieron al Govern de que habría una «escalada de la violencia con brotes importantes de enfrentamientos el 1-O, como al final ocurrió».
En definitiva, remata el juez, Ponsatí desobedeció las resoluciones y los requerimientos del Constitucional y del TSJC y «realizó las acciones anteriormente descritas pese a conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó en actos violentos: todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente».
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