El juez Llarena pide al tribunal de Cerdeña que extradite a Puigdemont

Puigdemont tiene que declarar el próximo lunes en el juzgado italiano, que deberá resolver si da la razón al Tribunal Supremo español y abre un procedimiento de extradición, o le deja en libertad. Llarena sufrió un revés el pasado viernes, cuando la corte de apelación de Sassari ignoró sus argumentos y excarceló al exgobernante catalán ante los informes judiciales que acreditaban que no estaba en vigor la euroorden dictada en 2017. Puigdemont había sido detenido el día anterior en el aeropuerto de Alguer al figurar su nombre en el Registro de Nombres de Pasajeros, un programa de control de viajeros que salen o llegan a la Unión Europea por vía aérea.

El magistrado del Supremo se recrea en su escrito en un ajuste de cuentas con la Abogacía del Estado. En un tono comedido y con toda la cortesía jurídica -atribuye la disparidad de criterios a un «desajuste de información»- enmienda la plana a los letrados. Mantiene que la decisión de suspender la euroorden «nunca ha sido adoptada» porque solo la puede tomar él, y no lo ha hecho. «Esta situación -subraya- no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España». Puntualiza que solo está suspendida en Bélgica porque él mismo planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la interpretación en ese país «del derecho de la Unión» que impide la entrega a España de Puigdemont y de sus colaboradores Toni Comín y Lluis Puig.

El meollo de la confusión está en que la Abogacía del Estado representa a España en Tribunal General de la Unión Europea, donde se sustancia una demanda del expresidente catalán contra la supresión de su inmunidad parlamentaria. Y en esa instancia los servicios jurídicos del Estado español comunicaron «que estaban suspendidas las OED (euroordenes) emitidas por este instructor». Pero, prosigue Llarena, «eso no es así» porque nunca, insiste, adoptó esa resolución.

En definitiva, que el magistrado del Supremo pretende dejar claro al tribunal de Cerdeña que la autoridad de referencia en este procedimiento es él, y no las interpretaciones que se hagan de sus actuaciones. Se queja, además, de que ha tenido conocimiento de las circunstancias que rodean al caso por «determinadas informaciones» de los medios de comunicación, no porque la Abogacía del Estado se lo haya comunicado y tampoco lo han hecho los tribunales europeos concernidos en la causa.

El tribunal de Cerdeña cuenta ahora con toda la artillería argumental de Llarena, que en su escrito hace un prolijo recorrido por todos los avatares que han sufrido sus euroordenes así como las resoluciones cambiantes sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat. Primero fue concedida por la Eurocámara, después, retirada, y ahora está en manos de los tribunales comunitarios.

Pero la impresión en medios jurídicos italianos es que el tribunal de Sassari no va a entrar en el fondo del asunto ni va a dirimir si la razón está de parte del Tribunal Supremo o de la Abogacía el Estado respecto a la euroorden. Apuntan a que lo más probable es que archive el asunto o se inhiba ante las instancias judiciales europeas. En todo caso, ven improbable que se active el procedimiento de extradición a España. La defensa del expresidente catalán se muestra convencida de que su cliente regresará a Bruselas tras declarar ante el juzgado en Cerdeña.

Este conflicto de perfil jurídico se solapa con otro de naturaleza política. El Gobierno siempre ha mantenido que Puigdemont debe responder ante la justicia «como cualquier ciudadano». Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia ha dado la razón a la Abogacía del Estado en su interpretación de que las euroordenes de Llarena están suspendidas hasta que no se dirima la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno de Pedro Sánchez se vería en una situación política delicada en su diálogo con la Generalitat con una extradición de Puigdemont, de la que el independentismo haría 'casus belli'. Un hecho que no ha pasado inadvertido para el PP que calificó de «gran error» y «una negligencia como mínimo» la postura de la Abogacía del Estado por la que pidió explicaciones a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores.