Llarena: «Puigdemont conocía que el referéndum conllevaba el uso de fondos públicos

El magistrado de la Sala Segunda (Penal) e instructor de la causa del 'procés' respondió en cuatro páginas a la petición que le hizo la audiencia regional para resolver la entrega extradicional de Puigdemont. Este movimiento llegó después de que los tres magistrados germanos dejaran coja la euroorden al considerar que los hechos referidos a la rebelión en el auto de procesamiento de Llarena (que en España conllevan penas de entre 15 y 25 años de prisión) no se asemejan a los contenidos en el delito de alta traición del Código Penal alemán. Una circunstancia, el cumplimiento de la doble incriminación, que resulta obligatoria para realizar la entrega.

Llarena señala en su escrito que el Tribunal Constitucional español declaró nulas determinadas partidas presupuestarias de 2017 en el caso de que se destinasen a la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Sin embargo, el juez señala que «conforme a la evaluación que hasta ahora se ha practicado en la investigación fueron sufragados con dinero procedente de las arcas públicas y no con dinero privado», como defiende Puigdemont a través de la 'caja de resistencia' de las plataformas independentistas o de donaciones particulares.

Se ampara para ello en dos informes de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, en las pesquisas que aún se investigan en piezas separadas declaradas secretas o en otra que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Concretamente, Llarena detalla esta partidas, valoradas en 1,6 millones de euros, en cuatro apartados: campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834 euros), campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804 euros), suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de personas integrantes de las mesas electorales, realizados por la empresa Unipost (979.661 euros) y participación de observadores internacionales en el proceso (119.700 euros).

La contestación al tribunal de Schleswig-Holstein añade que Puigdemont «no estaba autorizado para utilizar dichos fondos», de acuerdo con la citada sentencia del Constitucional. Asimismo, asegura que como presidente del Govern «conocía que su decisión (de celebrar la consulta declarada ilegal por la corte de garantías) conllevaba necesariamente el uso ilegal de fondos públicos» y, por tanto, el delito de malversación.

Para el juez, el denominado Decreto de Normas Complementarias incorpora «una panoplia de medidas que ineludiblemente han implicado gasto público» y añade que «con su actuación al frente de la Generalitat dispuso de fondos para llevar a cabo su plan secesionista». Por último, y no menos importante, advierte el escrito, debe destacarse la importancia de la celebración en el Parlament del pleno para aprobar la Declaración Unilateral de Independencia, firmada por Puigdemont el 10 de octubre y que fue posible tras conocerse el resultado del referéndum, un «requisito vinculante».

Con todos estos mimbres, el tribunal alemán debe ahora pronunciarse en los próximos días sobre el delito de malversación en la euroorden remitida por Llarena.