Llarena apunta a que los Mossos facilitaron la huida de Puigdemont tras su reaparición en Barcelona

El magistrado que instruye la causa del procés -y que mantiene en busca y captura al expresident al entender que el delito de malversación del que está acusado no es amnistiable- ha acordado deducir testimonio y enviar a los juzgados de Barcelona «a los efectos legales oportunos» los informes aportados por los Mossos d'Esquadra y Ministerio del Interior sobre la rocambolesca huida del líder de Junts, que se paseó por las cercanías de la popular Plaza de Catalunya y que participó en un mitin, cuya convocatoria era conocida desde un día antes, sin que en ningún momento fuera arrestado. El juez del Supremo señala que la policía autonómica pudo incurrir en los ilícitos de omisión del deber de perseguir delitos y de encubrimiento.

Llarena reconoce que en esos informes policiales de la Generalitat y del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se aporta una «explicación detallada de las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde», así como las razones por las que no se detectó su entrada y salida de España y no pudo materializarse su detención. El juez recuerda que los Mossos insisten en su informe en «la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó» y que, incluso, Puigdemont tuvo la «posible» ayuda de «tres individuos» para su fuga.

Sin embargo, para el instructor del procés, a pesar de esas excusas, los atestados «no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional».

Por ello, Pablo Llarena anima a los juzgados ordinarios a investigar a los Mossos d'Esquadra por los posibles delitos del 408 y 451.3º b del Código Penal. El primero contempla hasta dos años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsable». El segundo precepto pena con hasta tres años de cárcel a los que, «abusando de funciones públicas», ayuden a «los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura».

Durante su regreso a Barcelona, Carles Puigdemont se dejó ver durante diez minutos, un tiempo que el juez del Supremo cree más que suficiente para practicar la detención, sobre todo habida cuenta de que su presencia a las 9 horas de la mañana bajo el Arco del Triunfo había sido anunciada por Junts, como paso previo, supuestamente, al intento de entrar en el Parlament a fin de participar en el debate de investidura del candidato del PSC.

El expresident -solo acompañado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y dos supuestos escoltas- anduvo durante varios centenares de metros por la aledaña calle Trafalgar camino del escenario sin que nadie le interceptara. Luego, de su discurso de algo menos de cinco minutos, bajó de ese mismo escenario sin ser detenido, para esfumarse entre la muchedumbre que llenaba el Passeig de Lluís Companys.