Cuando el maquinista Francisco José Garzón pulsó el freno de emergencia el velocímetro del Alvia 04155 marcaba 153 kilómetros por hora. Casi el doble de la velocidad permitida para tomar la curva de A Grandeira. Un tramo ubicado en el barrio compostelano de Angrois, donde ... fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas el 24 de julio de 2013.
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Consciente de la excesiva velocidad, Garzón trató de controlar el violento impacto cuatro segundos después de que el tren comenzara a descarrilar a 179 kilómetros por hora. Pero nada pudo hacer. Pasaban diez segundos de las 20 horas y 41 minutos y el Alvia de los sueños rotos recorrió, descontrolado, casi medio kilómetro hasta que la máquina se detuvo.
El conductor de 59 años es uno de los acusados junto al exdirector de seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, en el juicio que comienza este miércoles en el Juzgado de lo Penal número dos de Santiago -aunque por cuestiones de aforo la vista se ha trasladado a la Cidade da Cultura de la capital gallega-. Han pasado nueve años y por fin llegó la hora de la justicia para las víctimas. La plataforma de afectados se concentró el lunes frente al Congreso para exigir una comisión independiente y pedir la dimisión de la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, por «demorar» la causa con los peritajes de ADIF y obstaculizar que la investigación llegara a Bruselas.
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La Fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia y un delito de daños. Además, demanda que el maquinista, hoy prejubilado, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. La misma reclamación para el alto cargo del Estado para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. La reclamación por daños y perjuicios en materia civil asciende a 57,6 millones de euros.
Se sabe que Garzón conocía al detalle el recorrido. Lo había realizado hasta en 59 ocasiones ese año. Del mismo modo, desde la inauguración de la línea, en diciembre de 2012, hasta 8.236 trenes habían cubierto ese trayecto sin complicaciones. Entonces, ¿qué pasó aquella tarde veraniega?
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La causa del peor siniestro ferroviario en democracia fue el exceso de velocidad. De eso no cabe duda. Pero los interrogantes que deberá aclarar la magistrada María Elena Fernández Currás durante la vista oral que se alargará hasta el próximo 10 de febrero, según el calendario previsto, son las causas que «desubicaron» al maquinista y si el tramo cumplía las medidas de seguridad para prevenir el error humano. Se ha admitido la presencia de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos para dar luz a la sentencia.
La secuencia de 124 segundos que explican el descarrilamiento del Alvia deja algunas respuestas. Las acusaciones coinciden en que la llamada que recibió el conductor dos minutos antes del impacto lo «desubicó». Era el punto kilómetro 77,790 cuando sonó su móvil. El tren iba a 199 kilómetros por hora. Fue una comunicación con el interventor que «no era urgente», pero que el acusado aceptó sin usar el manos libres. Duró 100 segundos y solo 11 segundos después el tren se salió de la vía en el punto 84,413.
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En su escrito de defensa, alega que «la llamada no hubiera tenido consecuencias en otro punto de la línea» y señala a Adif por un siniestro el que se considera «una víctima más». «La línea no era segura, había un cambio de velocidad significativo», afirma para rebajar el despiste fatal. De igual modo, la Fiscalía apunta a la falta de protección para responsabilizar al alto cargo de ADIF por no evaluar el riesgo del exceso de velocidad.
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