El líder de UGT realza el protagonismo de Puigdemont con una reunión en Waterloo

A tenor de la convocatoria hecha pública por los ugetistas, Álvarez se verá cara a cara con Puigdemont para «analizar la situación política y económica», con mención expresa a la aspiración de acortar el tiempo de trabajo que albergan la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, Yolanda Díaz, y las dos principales centrales sindicales del país. De hecho, Díaz tiene intención de firmar el acuerdo -esta es la iniciativa estrella de Sumar en el programa suscrito con el PSOE para la legislatura- con UGT y con Comisiones Obreras la próxima semana, con los empresarios descolgados del diálogo. Una rúbrica que, si no se amplía, escenificará un avance parcial e insuficiente, toda vez que la intención del Gobierno de tramitar la medida como proyecto de ley le obliga, como viene siendo recurrente, a contar con el aval de los grupos que sostienen el mandato de Sánchez.

Es este el escenario en el que Álvarez se desplazará a Waterloo para tratar del asunto con Puigdemont, que ve así realzado su papel de interlocutor necesario cuando él y su partido han intensificado los avisos al presidente del Gobierno con los contactos para afrontar la elaboración de los Presupuestos de 2025 sin comenzar formalmente. Tanto UGT como CC OO han cerrado filas con el Ejecutivo sobre la necesidad de dotar de continuidad a la legislatura, apelando a la responsabilidad de los socios concernidos. Pero en esta ocasión, Unai Sordo no acompañará a Álvarez a Waterloo. Comisiones incide en que no tiene «ningún problema» en reunirse con Junts, pero circunscribe ese diálogo al mismo marco que mantiene con otros socios del Ejecutivo como Bildu o el PNV.

Los postconvergentes no solo continúan dispuestos a seguir haciendo valer sus siete imprescindibles escaños en el Congreso a fin de que Sánchez cumpla los sucesivos compromisos adquiridos, sino que han optado en esta etapa posterior al 'procés', sin atenuar su ambición independentista, por retornar al terreno de juego de las negociaciones socioeconómicas; el ámbito que siempre le fue propicio a la hoy extinta CiU. De ahí que la visita de Álvarez suponga, en sí misma, un aldabonazo para Puigdemont, que queda homologado como interlocutor para los agentes sociales 15 meses después de que la propia Díaz engrasara el tránsito hacia la investidura de Sánchez rompiendo el aislamiento del presidente de Junts reuniéndose con él, con luz y taquígrafos, en Bruselas antes del pacto sobre la amnistía.

La incapacidad mostrada por la polémica ley, hasta ahora, para hacer efectiva la exoneración de Puigdemont y su regreso a Cataluña como hombre libre sigue en el epicentro de las renovada presión de los independentistas a Sánchez. Los independentistas insisten en requerir al presidente una «declaración pública» que denuncie al Supremo por no aplicar la amnistía. Pero, sobre todo, en lo que hacen hincapié ahora es en que habrá «consecuencias» si el líder socialista sigue negándose a someterse a la cuestión de confianza que Puigdemont le exigió el lunes. Una iniciativa que las fuerzas del Gobierno tienen intención de frenar, cuando llegue, en la Mesa del Congreso. Junts no especifica qué efectos tendría el veto, pero la amenaza es notoria.