El juez deja libre al marido de Ana Rosa Quintana y Villarejo calla en su comparecencia

Juan Muñoz, inversor sevillano y promotor urbanístico, es el único de los arrestados para el que el juez no adoptó medidas cautelares, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, mientras que su hermano Fernando Muñoz y los dos abogados, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Miguel García González, deberán comparecer cada mes en el juzgado y cada vez que tengan intención de salir de España tendrán que pedir autorización.

Los cuatro declararon a lo largo de seis horas como investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de extorsión en relación con el supuesto encargo que hicieron a Villarejo para lograr el cobro de una deuda a través de un chantaje. Unos delitos que ayer el juez comunicó en persona al comisario Villarejo y a su socio, el abogado Rafael Redondo, los dos únicos que permanecen en prisión provisional tras ser detenidos en noviembre en la 'operación Tándem'.

A su salida de la Audiencia Nacional, el marido de Ana Rosa atendió a los periodistas y dijo que estaba contento por haber quedado en libertad, además de resaltar que ha colaborado con la justicia y que ha dado las explicaciones oportunas al juez instructor. A la pregunta de si le parecía desproporcionada la detención viendo que quedaba en libertad sin medidas cautelares respondió que «totalmente». Después se subió junto a su abogado y un chófer en un todoterreno aparcado en las inmediaciones del tribunal.

A los investigados supuestamente se les atribuye haber consultado a Villarejo cómo podían presionar a una persona que les debía dinero, según los indicios hallados en los registros de la operación. Éste les ofreció entonces, según fuentes jurídicas, extorsionar, no al deudor, sino a su abogado, Francisco Javier de Urquía, que, antes de ser letrado, ejerció de juez de instrucción en Málaga y fue apartado de la carrera en marzo de 2012 por prácticas corruptas: recibir dinero de uno de los investigados en la 'operación Malaya'.

El ofrecimiento consistió en un vídeo comprometedor para desprestigiar a De Urquía, según las mismas fuentes. A cambio, el comisario jubilado les pidió supuestamente 200.000 euros por el encargo.

De forma previa, el que fuera «agente encubierto» en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía compareció ante el juez De Egea, que le comunicó su nueva imputación por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de extorsión en relación al presunto encargo que le hicieron los hermanos Muñoz. Tanto Villarejo como Redondo se acogieron a su derecho a no declarar.

El comisario cordobés de 66 años compareció ante el juez el pasado 26 de julio en relación a las grabaciones difundidas sobre una reunión en Londres con la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que reveló la presencia de cuentas del rey Juan Carlos en Suiza. Entonces declaró que esta entrevista se produjo por un encargo «del Estado» para solucionar los problemas del monarca.