Las leyes que penden de un Constitucional en vilo por su incierta renovación

El partido comandado entonces por Mariano Rajoy lanzó una ofensiva ante la corte de garantías para intentar revertir leyes -la reforma estatutaria catalana era una de ellas- avaladas o promovidas por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Frente al tensionamiento que lo socavó en aquellos años, el TC se autoimpuso una respuesta concertada para embridar en los márgenes de la ley el órdago independentista; paso a paso, sin tregua pero sin estruendo, para contrarrestar cada iniciativa de desconexión diseñada por el secesionismo gobernante que acabó topándose con los límites de la legalidad tras culminar su escalada con el reférendum del 1 de octubre de hace un lustro. Valga el recuerdo de los acontecimientos de alto voltaje de 2017 y las pulsiones partidarias que han venido planeando sobre el TC para certificar la relevancia del garante de la constitucionalidad española, que afronta ahora una controvertida e incierta renovación con resoluciones pendientes con notable sustancia para la orientación política y social del Estado.

Mañana martes expira el plazo que la contrarreforma legal del Gobierno otorga al Consejo General del Poder Judicial para cubrir dos de las vacantes en el TC que dejan el vencimiento de mandato del presidente, Pedro José González-Trevijano, los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez -los tres identificados con el sector conservador del alto tribunal- y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, de adscripción progresista. Los otros dos nombramientos competen al Ejecutivo. Salvo sorpresa, el Consejo, dividido, no resolverá nada mañana. El ala progresista, minoritaria, ha designado tres negociadores -los vocales Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo- a la espera de que el bloque conservador, con fugas en su plante ante «la imposición» del Gobierno, mueva ficha.

Pero como sostiene un vocal, tras la sesión que evitó el jueves que las aguas internas del CGPJ se desbordasen, «lo lógico es que a ese pleno con disposición a la concordia le siga uno de acuerdo y no de fracaso». Mientras su composición futura se dirime en el aire, el TC tiene sobre la mesa la deliberación de un puñado de leyes impugnadas por la derecha para intentar anular en el Tribunal la acción del Gobierno avalada por sus socios en las Cortes.

La resolución del Constitucional estaba al caer -los partidos llevan meses con la respiración contenida-, pero no termina de llegar y no parece ajeno a ello la incertidumbre sobre la renovación. La espera va camino de cumplir doce años, después de que el PP de Rajoy recurriera la norma de plazos aprobada bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Más de una década después de lanzado el conflicto constitucional en torno a la ley que da cobertura a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y a los sanitarios que las atienden, el ponente de la resolución es el controvertido Enrique Arnaldo, propuesto por el PP en el pacto de ocasión de hace un año con el PSOE para actualizar otras cuatro vacantes de entonces en el TC. Ante un posible revés., el Gobierno ha promovido ya otra ley para atar «el derecho al aborto».

La norma que regula las condiciones para poder decidir sobre cómo morir fue ratificada por las Cortes en marzo de 2021, con una mayoría de 202 votos -141 en contra y dos abstenciones- que rebasó los alineamientos pro y antiGobierno que marcan esta legislatura. El PP de Pablo Casado la impugnó, como Vox, por entender que vulnera el derecho fundamental a la vida.

La Lomloe -conocida por el nombre de la exministra socialista hoy embajadora en el Vaticano- certifica un nuevo pulso en materia educativa entre el PSOE y el PP, quien rivaliza a su vez con Vox ante el TC. Para los pupulares, la norma merma la libertad para elegir centro y el castellano.