Leyes esenciales del Gobierno tropiezan por los roces entre los socios y con el Poder Judicial

El encauzamiento de los terceros y definitivos Presupuestos de la legislatura, aun a costa de ceder a las exigencias de ERC sobre el delito de sedición, permitía al presidente ondear la bandera de la estabilidad. Una bandera que ha caído a media asta por lo problemática que se está revelando esa hoja de ruta legislativa, con epicentro volcánico esta semana en la norma del 'solo sí es sí'.

En estos casi tres años –y Sánchez se congratula de ello–, el Congreso más fragmentado en décadas ha aprobado 172 textos normativos: 56 leyes, 26 leyes orgánicas y 90 reales decretos (uno de ellos, de carácter legislativo); esta última cifra supone un récord, que el Ejecutivo justifica en la emergencia del coronavirus y de la invasión rusa, pero en la que la oposición –y a veces también los propios socios– ve una intención de Sánchez de ahorrarse trámites y controles parlamentarios. Esa agenda siempre ha sido un vía crucis para el Gobierno, forzado a negociar hasta la extenuación casi propuesta a propuesta. Pero la sucesión de controversias el último mes –lo que el PP denomina «escándalo sobre escándalo» mientras espera a que el presidente se despeñe– compendian el catálogo de dificultades que permea el Consejo de Ministros.

El terremoto de estos días ha llegado, de manera inopinada aunque el Ministerio de Igualdad estaba advertido –singularmente por el informe preceptivo del Consejo del Poder Judicial–, por una ley ya aprobada por las Cortes, la del 'solo sí es sí'. El temporal ante la rebaja de las penas a agresores sexuales beneficiados, contra la intención del legislador, por la nueva norma descarga estos días en paralelo a la convulsa tramitación de otra ley estrella de ministerio de Irene Montero: la que regula y ensancha los derechos LGTBI.

El controvertido proyecto que consagra la autodeterminación de género está reverdeciendo en su paso por el Congreso las diferencias de criterio entre Unidas Podemos y un PSOE muy dividido, cuando se daban por encauzadas después de que el propio Sánchez decantara el pulso apartando del Gobierno a Carmen Calvo en favor de Montero. El tercer cambio legal que ha desatado la discordia pública pasa por la proposición de ley en la que Sánchez ha descargado, a fin de evitarse los dictámenes del CGPJ y del Consejo de Estado, la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés' catalán. Y, con ella, una eventual y compleja atenuación también de la malversación.

Habituado a navegar una legislatura que se asemeja a una yincana, por decisión propia o por circunstancias ajenas, Sánchez ha logrado sortear por ahora la amenaza de cisma que acechaba a su Gobierno ante la crisis del 'solo sí es sí' por la vía de poner sordina a la reforma de la ley, amparar con ello a una Montero en un trance delicadísimo y dejar correr el balón cediéndoselo a la Sala de lo Penal del Supremo. Pero la agitación de la agenda legislativa del Gobierno, que introduce cambios notables en códigos tan nucleares como el Penal y el Civil y que busca aligerar la condena del Supremo por la intentona independentista de 2017, está dando lugar a un cóctel altamente inflamable. Y que pinta, hoy, el cuadro de un Gobierno cuyos planes tropiezan con las divergencias entre los socios –voces socialistas malician con que Irene Montero es, por su radicalidad, el reverso de Isabel Díaz Ayuso– y con un descontento en sectores del Poder Judicial que ha cundido ante la acusación de machismo lanzada por la ministra de Igualdad contra la Magistratura.

Por de pronto, la ley trans ya no verá la luz este año como habían exigido los morados al PSOE, a los que las fallas en la aplicación del 'solo sí es sí' cargan de argumentos para requerir una mayor seguridad jurídica a la ley trans. Si el CGPJ ya advirtió sobre la primera norma que la unificación en un solo delito de los abusos y la violación podía tener el efecto perverso de favorecer a los condenados, en la segunda aconsejó elevar a los 18 años la edad para poder decidir libremente sobre la determinación de género. Igualdad desatendió las recomendaciones adoptadas por unanimidad del Consejo, que también evaluó críticamente la ley de Vivienda en la que Podemos sigue chocando con el PSOE.

La mezcla de bisoñez y soberbia que atribuyen algunos juristas a los ministerios morados está pasando factura a una acción legislativa que tiene abierto en canal, por determinación del presidente, lo que ERC denomina «la desjudicialización del conflicto». No deja de resultar sintomático del estado de cosas que Sánchez haya desplazado la suerte de la ley del 'solo sí es sí' a la misma Sala de lo Penal del Supremo cuya sentencia del procés' va desmontando con los indultos, la supresión de la sedición y el amago de rebajar la malversación.