La ley mordaza cumple nueve años pese a que Sánchez ya prometió derogarla en su investidura en 2018

La realidad no tenía nada que ver con lo que contó Díaz. Sumar y el PSOE no solo no se habían sentado a negociar la derogación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, es que ni tan siquiera se habían citado para encarar una reforma en profundidad de este controvertida normativa.

Lo cierto es que, ocho meses después de que Pedro Sánchez conformara su nuevo Gobierno, no ha habido un solo movimiento serio para encarar una reforma real de este corpus normativo. Y ello, a pesar de que Pedro Sánchez lleva anunciado desde su investidura tras la moción de censura de verano de 2018 que va a acabar con esta ley que nació fruto de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que precisamente este mes de julio (el pasado día 2) ha cumplido nueve años en vigor entre las chanzas, con tintes fílmicos, de los más veteranos del Congreso de los Diputados que recuerdan que «este muerto está muy vivo».

Los socialistas y sus socios de Sumar simplemente se habían limitado a pactar reformar un único precepto de la 'Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana' y exclusivamente en el marco del plan de regeneración democrática que Sánchez iba a anunciar el día después: el retoque del artículo 36 de la misma, para que no constituya una infracción la toma de imágenes de policías en lugares públicos y manifestaciones, o su mera difusión.

¿Por qué esas reticencias de PSOE y Sumar a entablar siquiera conversaciones reales para cambios de envergadura en la ley? Ambas formaciones, y así lo reconocen sin tapujos en los dos partidos, son sabedoras de que una modificación de calado de esta ley es un asunto extremadamente controvertido y delicado, hasta el punto de que la pasada legislatura una reforma bastante acotada, y muy alejada de la «derogación», naufragó en marzo de 2023 por la negativa de ERC y EH Bildu de apoyar lo que calificaron de «simples retoques cosméticos».

El falso anuncio de Díaz ha resucitado el recuerdo de la promesa de derogar la ley de Sánchez y ha reabierto el debate público sobre la reforma, pero nada más. Según admiten todas las fuentes parlamentarias consultadas, tanto de las formaciones de Gobierno como de los partidos que apoyaron la investidura, no ha habido un «solo contacto formal o informal» para empezar a redactar modificaciones.

Es más, ni siquiera hay un borrador de trabajo, como el que en noviembre de 2021 PSOE y Podemos presentaron como base para una reforma que estuvo cerca de salir adelante, pero que se frustró por la exigencia de los independentistas vascos y catalanes de que el nuevo texto contemplara la prohibición del uso de pelotas de goma en las manifestación y de las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

Entonces, los seis partidos favorables a la reforma en la pasada legislatura –PSOE, UP, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- llegaron a acuerdos en otros 36 preceptos. Incluso hubo pacto en dos puntos que crearon controversia hasta el último minuto: las sanciones por falta de respeto a los agentes y por «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes».

Hoy la situación es igual de complicada. O más. ERC y EH Bildu siguen pie en pared con su veto a las bolas de caucho y a las deportaciones exprés, pero es que en esta legislatura, además, la reforma necesita sí o sí los votos a favor de Junts.