'Ley mordaza', cuatro años en vigor a pesar de todo

La desaparición de la 'ley mordaza' fue una de las promesas electorales estrella de Pedro Sánchez tanto en los comicios generales de 2015 como en los de junio de 2016. Es más, en septiembre del pasado año, en su discurso de los cien días, vaticinó su inminente fin. Pero la ley sigue vivita y coleando.

¿Qué ha ocurrido entonces para que esa 'ley mordaza' odiada por la mayoría del Parlamento siga intacta dos elecciones generales después de aquellas de 2015 y una moción de censura que hace ya más de un año que sacó del poder al PP?

La respuesta es que la reforma de esta normativa parece estar maldecida. Pocas veces la tramitación de un proyecto legislativo ha sido tan accidentada. Y es que ha pasado de todo: contratiempos, solapamientos, elecciones anticipadas, crisis políticas, dimisiones….

El tema ya arrancó de manera extraña cuando se presentaron dos textos alternativos a la actual normativa a finales de 2015 y principios de 2016 por parte del PSOE y del PNV, lo que obligó a los letrados a emitir informes que finalmente avalaron la refundición de ambos articulados tras un intenso debate. Los socialistas presentaron en principio una propuesta poco aceptable para nadie pues proponía directamente resucitar la «ley Corcuera».

Aquel texto del PSOE- y ahí radica otro de los retrasos- fue presentado por la gestora del PSOE, ya que Sánchez había sido defenestrado en octubre de 2016. De hecho, uno de los más enconados antisanchistas, el ahora exdiputado Antonio Trevín, a la sazón portavoz de Interior, fue el «padrino» de esa propuesta, que no convencía para nada a los partidarios de Pedro Sánchez.

Con un PSOE en crisis y un PP al que no le interesaba acelerar la caída de su propio texto, la reforma fue retrasada con ampliaciones de plazos para presentar enmiendas durante todo 2017. La propuesta socialista sufrió 30 demoras. La del PNV, otras 30. En febrero de 2018 con Sánchez de nuevo al frente del PSOE y con un acuerdo amplio de toda la cámara para ponerse las pilas, incluso con la anuencia del PP entonces en el Gobierno, los trabajos arrancaron, pero para frenarse de golpe porque en junio el cambio de Ejecutivo de la moción volvió a arrinconar la «ley mordaza».

Tras el terremoto provocado por la llegada de Sánchez a Moncloa, en otoño de 2018 el Congreso se conjuró para aprobar cuanto antes la asignatura pendiente de la reforma. Con novedades en la comisión de Interior provocadas por el cambio de Gobierno, sus señorías se pusieron manos a la obra de nuevo. Aunque casi se excedieron: los grupos presentaron 216 páginas de correcciones a las propuestas del PSOE y el PNV. En total, 101 enmiendas al texto de los socialistas y 183 al de los nacionalistas.

Con ese volumen de trabajo, el Parlamento ya tenía que pisar el acelerador para aprobar la reforma antes de verano de 2020, cuando hubiera acabado la legislatura. Los socialistas se pusieron las pilas y para octubre tenían un acuerdo con Podemos para que los de Pablo Iglesias apoyaran la modificación de la polémica normativa basándose en el texto presentado en enero de 2017 por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Todo parecía ir sobre ruedas. El Gobierno tenía incluso la compresión del resto de los grupos para aparcar la reforma las expulsiones en caliente de los inmigrantes (introducidas con calzador por el Gobierno de Rajoy en la ley de seguridad ciudadana) hasta que el Tribunal de Estrasburgo se manifestara sobre su legalidad.

En febrero de este año el optimismo se apoderó de la Comisión de Interior. Parecía increíble, pero todos los grupos, incluido el PP en muchos de los aspectos, habían alcanzado en ponencia un preacuerdo que suponía el fin de algunas de las medidas más contestadas de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Así, según ese pacto histórico que quedaría en nada, dejaban de ser infracciones la grabación o difusión de agentes de las fuerzas de seguridad o la convocatoria «exprés» de manifestaciones. También había una mayoría para no castigar las concentraciones pacíficas en los alrededores de las cámaras parlamentarias.

Pero todo quedó en papel mojado solo días después. El martes 5 de marzo, cuando el BOE publicó el decreto con el que Pedro Sánchez disolvía las Cortes y convocaba elecciones generales para el 28 de abril, decayeron en el Congreso 302 iniciativas legislativas. Una de ellas era la 'ley mordaza'.

A día de hoy, con un Gobierno en funciones y una investidura incierta, nadie se atreve a vaticinar de nuevo la muerte de esta polémica normativa por mucho acuerdo que se alcanzara hace solo cinco meses. Y menos aún con un Parlamento con una composición diferente con respecto a la pasada legislatura, donde los pactos parecen cada vez más difícil y en el que ha irrumpido Vox, cuya posición con respecto a la actual ley es una incógnita.