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La reforma de la ley de extranjería, con la que el Gobierno busca aliviar la presión de los sistemas de acogida de menores no acompañados, sigue encallada. Aunque el Ejecutivo trató de retomar las negociaciones con el PP, las posturas continúan siendo las mismas y ... no parece que el acuerdo esté cerca. Todo ello bajo el revuelo que han generado los de Abascal al amenazar a los populares con no apoyar los Presupuestos autonómicos de las regiones en las que sus votos son decisivos.
Este año ha batido, a falta de conocer los datos relativos a diciembre, el récord en número de llegadas de migrantes de manera irregular, no solo en lo relativo a los adultos, sino también a los menores no acompañados, sobre todo en Canarias. El problema radica en que, mientras los mayores de 18 años pueden ser trasladados a otras regiones, los menores que llegan solos no, puesto que es competencia autonómica. Esto ha provocado una saturación del sistema de acogida del archipiélago canario, ya que es la puerta de entrada a España. De hecho, en 2024, el Ejecutivo que encabeza Fernando Clavijo ha acogido a casi 5.700, el 13% de las llegadas. Por este motivo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, busca reformar la ley de extranjería, en el artículo 35, para que, en caso de crisis, el Estado se encargue de trasladar a estos niños a otras regiones que estén sometidas a menos presión.
Aunque las negociaciones para llegar a un acuerdo en esta materia se han sucedido a lo largo de todo el año, el último semestre ha sido el más agitado. El primer revés al que hizo frente el Gobierno fue al rechazo del Congreso de los Diputados al texto que habían pactado con el Ejecutivo canario. Este contratiempo, a principios de verano, supuso la convocatoria de una nueva mesa en busca de posturas comunes. Sin embargo, tiempo después, en octubre, los de Feijóo decidieron romper el diálogo bajo el pretexto de que no se había pedido suficiente ayuda a la Unión Europea, con la intervención de Frontex.
Dos meses después, y en vistas de la Conferencia de Presidentes que se celebra este próximo viernes en Santander, donde será uno de los principales asuntos que abordarán los representantes de las comunidades autónomas, el PP ha cedido y ha vuelto a sentarse a negociar. Una noticia que llegaba al tiempo que Vox amenazaba con suspender su apoyo a los presupuestos de aquellas regiones en la que son vitales sus votos. A pesar de ello, los populares acudieron al encuentro programado con Torres y Clavijo. Sin embargo, los resultados volvieron a ser los mismos: estancamiento.
Ni el Ejecutivo central ni el PP ceden en sus posturas. Mientras que los de Feijóo exigen a Sánchez que lleve a cabo una reforma prácticamente completa de la política migratoria, el Gobierno defiende que las condiciones de los populares ya están incluidas en el texto firmado con Canarias. Entre estas propuestas, se encuentra el de solicitar a la Unión Europea el despliegue de Frontex para llevar a cabo un control más exhaustivo de las fronteras.
Mientras la reforma llega encallada a la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, continúa en pie otra polémica: el reparto voluntario de menores acompañados. Se trata de un acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas con el Ejecutivo central para el traslado de cerca de 400 niños extranjeros de las regiones más saturas a territorios con menor presión. Se trata de un compromiso, no vinculante, que, según los representantes de Canarias y Ceuta, no es suficiente para relajar la importante carga a la que está sometido el sistema de acogida.
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