Los letrados de Justicia amagan con paralizar los juzgados con una huelga indefinida

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga directamente en la disputa laboral y adopte las «medidas necesarias» para reconducir las diferencias que mantienen con el Ministerio de Justicia, a cuya titular Pilar Llop acusan de «gestión insensible e irresponsable».

Tres colectivos profesionales, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, han firmado una comunicación conjunta en la que apelan a la «autoridad» de Sánchez con una aviso de las consecuencias ordinarias que tendría el paro laboral en los juzgados de todo el país, salvo para los trámites urgentes.

Los firmantes han insistido en que la huelga tiene un «impacto directo en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia». Según han subrayado, el trabajo de los 4.300 LAJ, que son funcionarios de grupo A-1 y dependen del Ministerio de Justicia, es «imprescindible» para que se lleven a cabo todos los asuntos en los juzgados y tribunales, por lo que su ausencia provocaría «enormes perjuicios con suspensiones de juicios y declaraciones».

Las asociaciones han advertido también de las consecuencias económicas del paro indefinido: se paralizarían los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo de unos 4.500 millones de euros.

El motivo definitivo de su enfado es que el Gobierno no introdujo una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa para que «las retribuciones se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo». En la actualidad cobran una media de 40.000 euros brutos anuales.

Asimismo, han recordado que el conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, referida a la organización de la Oficina Judicial.

Para los firmantes, dichas modificaciones han provocado un «insoportable desequilibrio en las prestaciones» realizadas por el Cuerpo de Letrados en un contexto en el que se quejan de la «falta de audiencia y participación» de las tres asociaciones en la mesa de negociación de las condiciones laborales y de asuntos que afectan el estatuto orgánico que les regula.

Los colectivos han precisado que el «detonante» fue el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».