Los letrados dan por válido el voto de Casero a la reforma laboral

Del documento se desprende que Batet actuó correctamente al no reunir al órgano de dirección del Congreso para decidir si le permitía a Casero la opción de anular su voto telemático para que pudiera votar presencialmente. «No resultaba jurídicamente exigible –señalan– y tampoco necesario». Los letrados determinan que no existen ni precedentes ni razones jurídicas o reglamentarias que permitieran al diputado del PP tener «una segunda oportunidad» para volver a votar como él y su grupo pretendían.

Esta decisión desmonta la tesis inicialmente esgrimida por Casero y su grupo parlamentario de que se produjo un error informático, aunque dicha acusación se fue diluyendo conforme pasaron las horas tras la polémica votación del decreto de la reforma laboral. Los populares se aferraron entonces a la obligación de confirmar telefónicamente el sentido del voto de aquellos diputados que no pueden hacerlo de forma presencial, tal y como recoge la resolución de la Cámara de 2012 y como aparecía en la autorización que el Congreso remitió a Casero para poder votar desde su casa. Pero los servicio jurídicos rechazan también este argumento.

Los letrados consideran que esta práctica decayó con la pandemia puesto que la mayoría de los diputados votaban telemáticamente. Y que se sustituyó entonces por un sistema de doble comprobación de tal forma que, una vez emitido el voto telemático, aparece una segunda pantalla que solicita la comprobación del sentido del voto antes de finalizar. En caso de que haya un error, el diputado puede regresar a la pantalla anterior y modificarlo. Si comprueba que es correcto, pulsa «finalizar votación».

Casero no hizo nada de eso en ninguna de las veinte votaciones que formuló ese día, ni tampoco, por tanto, en la del decreto de la reforma laboral. Y, en consecuencia, apostillan los servicios jurídicos, que acompañan el informe con otro técnico, «ha ejercitado de forma correcta y plena el derecho fundamental que le reconoce el artículo 23 de la Constitución».

Con el informe de los letrados no acaba el litigio. El PP recurrirá al Tribunal Constitucional para interponer dos recursos de amparo porque, insisten, «se conculcó el derecho» de Casero, ya que el diputado avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. De acuerdo con el texto de los letrados, esto no sucedió.

Para Gamarra, «ha quedado claro» que Batet se ha situado «al servicio de los intereses de su partido, y no de los intereses de los españoles». «Es inadmisible que la Mesa del Congreso todavía no se haya reunido para amparar al diputado», remarcó, pese a que los letrados de la Cámara salvaguardan la decisión de la presidenta de no hacerlo.

Vox solicitará también amparo ante el Constitucional, tal y como anunció la semana pasada, al entender que «se ha hurtado la soberanía nacional». La formación de Santiago Abascal no descarta iniciar un proceso penal contra la presidenta de la Cámara por presunta prevaricación al no avisar a la Mesa del interés de Casero por votar de forma presencial. Manos Limpias ya ha denunciado por ese mismo delito a Batet ante el Tribunal Supremo, mientras que la denuncia de un abogado particular por un presunto delito de daños informáticos sigue su curso en un juzgado madrileño.