El PSOE tiene el aval de los letrados del Congreso para ceder al órdago de Junts

La presión para los socialistas es muy alta. Carles Puigdemont, amenaza con romper con Sánchez en caso de que se vete el mero debate de una propuesta que carece de validez jurídica pero que tendría un claro impacto político. Inicialmente, el PSOE se mostró más bien reticente a permitir que la iniciativa superara siquiera el filtro de la Mesa. Apelaba a una decisión de 2013 en contra de la admisión a trámite de una proposición similar planteada por el entonces secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. El órgano rector del Congreso, con mayoría absoluta del PP, argumentó en aquel momento que la iniciativa planteaba de forma encubierta una moción de censura y que ese instrumento tiene sus propios cauces constitucionales que no deben ser eludidos .

Los letrados dicen ahora, sin embargo, que los precedentes son de lo más variado, ninguno idéntico al texto en cuestión, y que de ellos «no cabe extraer una línea de actuación unívoca por parte de la Mesa». Esta flexibilidad permite al Ejecutivo salir del atolladero sin provocar un nuevo choque con Junts, que ya ha lanzado señales de, en palabras de su portavoz, Míriam Nogueras, no ir «de farol». La semana pasada, la formación independentista asestó dos golpes al Ejecutivo: pactó una enmienda con el PP para suspender el impuesto a la producción eléctrica y sumó sus votos a los del PP, Vox y PNV frente a una iniciativa socialista para agilizar la aplicación de la eutanasia.

El viernes, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó una vez más a Suiza para reunirse con Puigdemont y la cúpula de Junts y tratar de reconducir la situación; algo que también hizo ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Pero a tenor de las declaraciones del propio expresidente catalán, la cita sirvió de poco.

Si hoy la Mesa cede, la proposición se debatirá como pronto en febrero y actuará, durante la negociación de las Cuentas, como una espada de Damocles para que Sánchez cumpla sus compromisos, desde la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat o una mayor implicación para lograr el catalán en Europa a que el Gobierno incremente la presión sobre el Poder Judicial para que aplique la amnistía al 'procés'.