Lesmes denuncia las acusaciones de corrupción de un exjuez contra magistrados del Supremo

Presencia, condenado en dos ocasiones por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, lleva meses realizando una campaña de desprestigio «con afirmaciones radicalmente falsas» a través de la página web de la asociación que preside, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap).

La decisión de Lesmes de poner en manos de la Fiscalía esta documentación llega después de que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, le remitiese una carta en la que muestra la «preocupación por la publicación de una serie de noticias que falsamente imputan» a algunos de los magistrados sobre la titularidad de dinero oculto en paraísos fiscales.

Relata la misiva que desde la página web de Acodap se vienen sucediendo distintas informaciones que, bajo titulares como «nuevo escándalo judicial», «conmoción en el mundo judicial», «sorprendido con dos millones de euros en un paraíso fiscal» o «inminente detención» atribuyen delitos de corrupción, al menos, a nueve de los miembros de la Sala Segunda (Penal). La misma que confirmó las condenas a Presencia.

Estas noticias, prosigue la carta de Marchena, no se han limitado a un titular en una determinada dirección web. Como era más que previsible, añade, «han sido replicadas en Twitter y otras redes sociales y han sido difundidas en una entrevista en Youtube, mantenida por dos periodistas con el autor de las imputaciones».

A raíz de esta situación se han detectado intentos de modificación de la página de Wikipedia de alguno de los afectados, con el objetivo de incluir una mención específica a esos actos de corrupción, ofreciendo como prueba de su realidad el enlace correspondiente a esa dirección de internet.

Por lo tanto, los magistrados de esta Sala han transmitido a Lesmes no solo «la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo».

Además, dice Marchena, «se resienten, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional». «Creemos que no está sólo en juego la honorabilidad de unos magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus deberes tributarios, sino la integridad de una de las Salas del Supremo que, como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial relevancia ligados, precisamente, a la lucha jurídica contra la corrupción», remacha.

Recuerda Marchena que Presencia se sigue presentando como juez en sus intervenciones y que estas imputaciones se están realizando desde una asociación «que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor. Se trataría, por tanto, de una persona jurídica concebida con el exclusivo objeto de ponerse al servicio del delito».

Además, Acodap reclama desde su página web donativos a la cuenta corriente de la asociación «para seguir adelante en su fingida lucha contra la corrupción». Todo apunta, por tanto, a que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados.