Lesmes busca implicar a Bruselas y cerrar la renovación del Constitucional antes de dimitir

Una agenda que coincide con la visita a España desde el miércoles y hasta el viernes del comisario europeo de Justicia Didier Reynders, a quien Lesmes pretender involucrar como parte activa en la solución de un conflicto enquistado desde diciembre de 2018 y que hace tambalear el funcionamiento mismo del alto tribunal.

Pero antes de jugar la baza del alto cargo de la Unión Europea para presionar a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Lesmes busca el respaldo de sus compañeros del Supremo al órdago lanzado a PSOE y PP por su falta de acuerdo sobre el Consejo, que va camino de los cuatro años de interinidad, un hito sin precedentes en sus 42 años de vida.

El magistrado explicará este lunes a la Sala de Gobierno del Supremo -formada por diez magistrados, entre ellos los presidentes de las cinco jurisdicciones- el contenido del informe técnico encargado sobre el traspaso de poder cuando se consume su dimisión. Según este documento, el sustituto de Lesmes sería el integrante más antiguo de este órgano, el responsable de Sala Civil Francisco Martín Castán, que se haría cargo de forma temporal de las presidencias del alto tribunal y del Consejo del Poder Judicial.

Ello pese a las dudas que genera este escenario en algunos vocales del CGPJ, que son partidarios de una bicefalia. Consideran que el representante del Consejo más antiguo, el magistrado de la Audiencia Nacional Rafael Mozo, propuesto por el PSOE en 2013, debería ocupar el sillón del presidente tras su dimisión.

Pero antes de resolver esta discrepancia el próximo jueves, fecha prevista para celebrarse el Pleno del CGPJ, en el que Lesmes escuchará también las quejas de vocales por tirar la toalla en este momento crítico, el presidente considera clave la reunión de este lunes con la cúpula del Supremo como primer paso para ejecutar su plan de forma ordenada y con el apoyo de sus colegas.

No obstante, a la mayoría de los miembros de la Sala de Gobierno no ha pillado de sorpresa el anuncio del viernes de Lesmes ni su primer avance en el discurso de apertura del curso judicial, el pasado 7 de septiembre. Conocían sus intenciones y son conscientes de la necesidad de buscar la reacción de los grupos parlamentarios mayoritarios para normalizar la grave situación en el Supremo, donde cerca del 20% de las plazas de magistrado siguen vacantes por el bloqueo del CGPJ y la imposibilidad de realizar nombramientos por estar el órgano en funciones. «La situación no es que sea grave, es trágica», certifica un miembro de la Sala de Gobierno consultado.

Lesmes quiere que las citas de esta semana generen algún tipo de reacción en los responsables de negociar la renovación del Consejo, el ministro Félix Bolaños y el europarlamentario del PP Esteban González Pons, que no se ven desde antes de verano. De no ser así, cree que su presidencia ya está amortizada y no puede hacer nada más para buscar una salida al 'secuestro' que sufre el gobierno de los jueces.

Sin embargo, sabedor de que esta renovación no depende de él, al menos quiere irse con los deberes hechos en aquel asunto que sí le compete por exigencia de la ley: el nombramiento de los dos magistrados al Tribunal Constitucional por parte del CGPJ. A la espera del acuerdo de los vocales que están negociando, Lesmes tiene la facultad de convocar el pleno que vote y designe a los elegidos. Una circunstancia que se produciría en todo caso antes de su dimisión, quizá en la semana del 3 al 7 de octubre.