El 'lawfare', la guerra legal que denuncia el secesionismo y solivianta a los jueces

El capítulo quinto de aquella ley de transitoriedad desgranaba, entre otras cosas, la conversión del Tribunal Superior en el Supremo de la futura –y nonata– república e introducía en su artículo 79.4 una previsión que, releída, adquiere una nueva dimensión a la luz de la amnistía de los delitos del 'procés' que constituye la almendra de los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC para su reelección: «Los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta».

Seis años después, será el Estado de derecho el impelido a borrar los pleitos de los encausados por la intentona separatista. Y el nuevo perdón va incluso más allá al incluir los sabotajes de los CDR y Tsunami Democràtic y al admitir los socialistas, en su acuerdo con Junts, la controvertida denuncia del 'lawfare', la presunta persecución ideológica por la Magistratura de quienes concurrieron en el 'procés'. El señalamiento contra la justicia española, que el PSOE se afana en negar, ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales, a los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial, a los jueces decanos y a los presidentes de las audiencias provinciales a revolverse con indignación contra lo que interpretan como una espuria acusación de prevaricar, además de una quiebra de la separación de poderes.

Tras las ironías sobre que Sánchez había transformado en tabú la palabra amnistía, el documento de cuatro folios rubricado el jueves en Bruselas por Santos Cerdán y Jordi Turull ha situado el reconocimiento del 'lawfare' largamente reivindicado por el separatismo en el corazón de una polémica multiplicada cada día que pasa por más ondas concéntricas. El término nace de una contracción entre los vocablos anglosajones 'law' –ley– y 'warfare' –guerra–. Si recurrimos al criterio de la FundéuRAE, la fundación admite como definiciones válidas en español 'persecución judicial' (contra los rivales políticos), 'instrumentalización de la justicia' o 'judicialización de la política'; esta última acepción, la más vaga de las tres, es la que recoge la entente PSOE-Junts.

En el lenguaje 'procesista' y por boca de Carles Puigdemont tras el auto del lunes del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le imputa presunto terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, el independentismo sufre un «golpe de Estado permanente (...) sea con sables sea con togas» bajo la pretendida consigna del «¡A por ellos!». Pero la denuncia del 'lawfare' no es patrimonio únicamente del rupturismo catalán. Con otras palabras, fue contra lo que clamó durante años la izquierda abertzale para zafarse de los tribunales por su complicidad con ETA. Y constituye una de las palancas de cabecera de Pablo Iglesias para derruir «el régimen del 78».

Aunque el concepto se vinculó en su día al terreno militar, se ha insuflado de aire político por las denuncias de instrumentalización de la justicia contra el oponente partidario o para derrocar gobiernos no afines que han menudeado en América Latina; singularmente en Estados con una frágil democracia. Quienes se alinean con Puigdemont citan como 'lawfare', entre otras tramas, el encarcelamiento de quien vuelve a presidir Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por Sèrgio Moro, un magistrado que acabó siendo ministro de Justicia con el ultraderechista Jair Bolsonaro; la condena por corrupción a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner; o el 'caso sobornos' contra el exlíder de Ecuador Rafael Correa. Quienes deploran que el PSOE transija con la tesis del combate ideológico contra el independentismo sostienen que esto es lo que practica el 'chavismo' en Venezuela para erradicar al disidente.

En el punto de su pacto con la redacción más farragosa, el PSOE y Junts convienen que «las conclusiones» de las comisiones de investigación que se constituirán esta legislatura en el Congreso «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía» en tanto identifiquen situaciones de 'lawfare'. Dichas comisiones, forzadas por los independentistas, son dos: la del espionaje con Pegasus, el 'malware' de origen israelí con el que el president Aragonès y una treintena de referentes del 'procés' señalan al Estado, mientras continúa sin aclararse quién intervino con el mismo 'intruso' –la sospecha resuena sobre Marruecos– los móviles de Sánchez y los ministros Robles, Marlaska y Planas; y la de la 'Operación Cataluña' que inculpa al Gobierno de Rajoy en una conspiración contra el independentismo.

La concepción del 'lawfare' por los separatistas parte de la convicción de que, en realidad, nada de lo que hicieron para romper con España fue ilegal. Es decir, la «persecución judicial» abarcaría la sentencia del Supremo que condenó a Oriol Junqueras y el resto de políticos encarcelados –luego indultados–, el procedimiento instruido para sentar en el banquillo a Puigdemont y la batería de causas vinculadas al 'procés'. Los hechos 'amnistiables' partirán de 2012, lo que amplía la nómina de los beneficiados. Es aquí donde Junts pretende que se borren pleitos no ligados estrictamente al 'procés'. Con versiones difusas sobre Laura Borràs, condenada por corrupción, la reversión del supuesto 'lawfare' apunta a cuatro hombres de Puigdemont: su mano derecha, Josep Lluís Alay; su abogado, Gonzalo Boye; el exconseller de Interior Miquel Buch; y Lluís Escolà, el mosso que escoltaba al huido.