Las rencillas entre Podemos y el PSOE enturbian el lanzamiento del anteproyecto estrella de Igualdad

En público, la ministra y número dos de Podemos se mostró discreta. «No es la primera vez que se lo digo pero las conversaciones entre ministros y ministras se quedan tras esa puerta», dijo en la comparecencia que tuvo en la Moncloa para explicar el contenido de la iniciativa. «Voy a enfatizar que hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido como Gobierno presentar un anteproyecto de ley que es histórico y que implica un cambio de paradigma en la protección y en el cuidado de las libertades sexuales en nuestro país», remarcó.

En privado, sin embargo, su partido acusa a la vicepresidenta Calvo de no haber superado que las competencias de una materia de la que la izquierda hace bandera, y que estuvo en sus manos durante la pasada legislatura, estén ahora en las de la joven dirigente podemista y la señalan por haber filtrado que la propuesta que salió del Ministerio de Igualdad era «técnicamente mala». A Campo, mientras, lo describen como un conservador al que «hay que obligar para hacer avances feministas». «Hay mucho machista frustrado», llegó a atacar Iglesias en los pasillos del Senado.

Hace dos semanas, fuentes de Podemos ya airearon las diferencias entre ambas formaciones a cuenta del calendario previsto para la aprobación de este mismo anteproyecto, que ahora debe pasar por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal antes de volver al Ejecutivo. Ellos defendían que tenía que estar listo para antes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque así se había acordado en varias reuniones. Sostenían, además, que los socialistas querían retrasar la parte de la ley que incumbía al Código Penal, un elemento sustancial de la iniciativa, con el objetivo de disimular la reforma que afectará a la rebaja de penas del delito de sedición por el que permanecen en la cárcel Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés'.

Los socialistas argumentaron, en cambio, que simplemente creían necesario pulir y mejorar la redacción de un texto que afectaba a varios ministerios y que aún estaba algo verde, pero se comprometieron a cumplir con el compromiso de que todo estuviera listo para el Consejo de Ministros del 3 de marzo.

La victoria que entonces parecía haberse anotado Podemos sirvió para calmar las aguas. Pero el hecho de que el lunes trascendiera, a través de una información de la Cadena Ser, que los equipos coordinados por Calvo y Campo seguían limando el borrador del anteproyecto porque varios ministerios habían encontrado en él errores técnicos importantes como invasión de competencias autonómicas; falta de atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo; una mala adecuación al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer; reiteraciones, o incluso choques con otras normativas, entre ellas, la ley de la infancia que prepara el departamento de Pablo Iglesias, avivó la tormenta de nuevo.

El mismo lunes, el PSOE trató de rebajar tensiones y, en la rueda de prensa tras su ejecutiva, la presidenta del partido, Cristina Narbona, defendió que todos los textos que elabora un Gobierno se corrigen siempre «hasta el último momento». Fuentes socialistas esgrimen que Podemos se ha tomado muy a pecho lo ocurrido pero justifican su celo en la necesidad de que ni los órganos consultivos que ahora verán la norma (y en los que hay mayoría conservadora) ni eventualmente el Tribunal Constitucional, al que dan por sentado que acudirán los partidos de la derecha, les puedan sacar los colores.

A la ley aún le queda una larga tramitación y todo apunta a que seguirá siendo objetivo de controversias internas, como lo será otro foco de tensión no resuelta: la política migratoria.