La larga estafa de la trabajadora social de un psiquiátrico

En algún momento de la agonía del hombre, Juana I., entonces de 50 años, se apropió de su DNI y de sus papeles bancarios, según asegura la Fiscalía que esta semana la ha llevado a juicio. La trabajadora social del psiquiátrico había fraguado una operación para quedarse con aquella pensión. Era poco más de 100 euros al mes. En pesetas, claro. Desde abril de 1980, dos semanas después de que muriera Jaime P., hasta el 31 de julio de 2013 sumó 205.590 euros estafados a la Hacienda Pública.

En esos 33 años de engaño, Juana I. modificó su 'modus operandi' dos veces. Primero, el 23 de diciembre de 1981, cuando, utilizando la documentación del titular de la pensión, abrió una cuenta corriente a nombre de él, y ahí solicitó a la Seguridad Social que transfiriera el pago de las pensiones. De esa cuenta, cada mes, retiraba el dinero, ha mantenido la acusación en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.

En su camino apareció algún obstáculo en 2008, que ella sorteó falsificando una autorización a su nombre, con una imitación de la firma de Jaime P., que le permitía retirar el dinero ella misma. A la ventanilla, la mujer acudía siempre con el documento de identidad del hombre, por el que pasaban los años, sin que la cada vez más avanzada edad levantara inquietud alguna ni entre los pagadores de la Seguridad Social, que nunca exigieron documento adicional, ni entre los empleados bancarios.

El castillo de naipes de Juana I. se desmoronó en 2013, cuando la pensión de Jaime P. se había revalorizado hasta alcanzar los 689 euros al mes (675 euros hasta 2012, dice la acusación.

En enero de ese año, en el banco advirtieron que el DNI del titular de la pensión tenía bastantes años caducado. Le exigieron entonces llevar una Fe de Vida y Estado de su representado. Para entonces, Juana I. tenía más de 75 años. Con la respetabilidad de sus canas, se dirigió al Registro Civil Único de Madrid, con una autorización falsa y aquel viejo documento. Obtuvo la documentación exigida y siguió cobrando el dinero. Pero una sospecha se había puesto en marcha y en julio la excuidadora de Jaime P. fue detenida.

Ahora, con 83 años y muy arrepentida, según dijo en el juicio, se ha enfrentado a seis años de prisión, la devolución íntegra del dinero defraudado y una multa de 4.000 euros por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. Gracias a un acuerdo de última hora, el juzgado le ha impuesto una condena de dos años, con lo que la mujer no pisará la cárcel, y el pago de 150.000 euros, de los que previsiblemente se harán cargo sus familiares.