El laberinto del 'procés' en Cataluña: más de 50 causas abiertas

El mapa que dejó el 'procés' recoge 30 juzgados investigando denuncias en Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida y unos 50 procedimientos en marcha con varios centenares de encausados (no existen cifras oficiales dada la dificultad para compilar los datos, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña).

Los juzgados tramitan procedimientos por delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, odio, falsedad documental, coacciones o lesiones. Y entre los investigados hay políticos, alcaldes, concejales, policías, mossos, maestros, bomberos o empresarios.

Políticos. El juzgado número 13 de Barcelona, que instruye una causa contra 30 ex altos cargos de la Generalitat, descartó esta semana su procesamiento por organización criminal, pero sí por otros delitos. La Fiscalía solicitó al juzgado que investiga la logística del referéndum ilegal que procesara, entre otros, al actual director de TV3, Vicent Sanchis, o al de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Pero la juez argumentó que los hechos no pueden tipificarse como organización criminal, ya que no hubo una infraestructura para ejecutar un plan criminal.

Aforados. Inicialmente, el Supremo tenía previsto juzgar a 18 dirigentes independentistas, pero en diciembre decidió desgajar de la causa a los cinco miembros de la Mesa del Parlament durante el 'procés' y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya para pasarle el balón al TSJC. Se les acusa de un delito de desobediencia (conlleva inhabilitación). Este juicio aún no ha empezado y puede que no lo haga. Uno de los procesados, Joan Josep Nuet, acaba de ser elegido diputado nacional por ERC, por lo que su aforamiento recae de nuevo en el Supremo.

El TSJC también investiga al diputado autonómico de ERC Josep María Jové, mano derecha de Junqueras, por delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia. La causa proviene del juzgado de instrucción 13, pero acabó en el tribunal superior por la condición de aforado de Jové. Cómo él, están siendo investigados el actual consejero de Interior, Miquel Buch, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, por impulsar el 1-O.

Policías y Mossos. El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga la intervención de la Policía el 1-O, tiene encausados a 41 agentes por delitos de lesiones y/o contra la integridad moral. Tras el referéndum este órgano llegó a acumular unas 260 denuncias de particulares, la mayoría por el uso desproporcionado de la fuerza por los antidisturbios. También hay diligencias en juzgados de Lérida, Mataró, Manresa, Gavà o Tarragona.

Los Mossos tampoco se libran del 1-O por su supuesta inacción a la hora de cumplir la orden judicial para impedir la votación. Llegaron a abrirse 15 causas por desobediencia, y un juzgado de Cornellá llegó a inhibirse ante la Audiencia Nacional para que siete comisarios e intendentes se incorporasen a la causa contra el mayor Josep Lluis Trapero, pero fue rechazado.

Profesores y particulares. El juzgado de instrucción 7 de Martorell archivó las denuncias contra varios profesores por delitos de odio por sus comentarios en clase criticando la actuación policial. Pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Barcelona se debe pronunciar. En Mataró y Rubí se investigan a dos hombres por lesiones a guardias civiles. Y Tamara C. G., coordinador de los CDR en Barcelona, permanece en libertad provisional y solo puede salir de su municipio para trabajar.