Sin pruebas de una agresión homófoba en el asesinato de Samuel Luiz

El crimen, según los atestados policiales sobre los que la juez ha levantado el secreto de sumario, comenzó a gestarse a las 2:58 horas. Cerca de la playa de Riazor, junto a la puerta de una discoteca. Samuel, un joven gay, y su amiga Lina, con la que llevaba toda la noche de fiesta, mantenían una videollamada con otra amiga y movían el teléfono de un lado a otro. Otro joven al que no conocían de nada y que pasaba por allí junto a su novia se dirigió hacia él y le dijo: «O dejas de grabar o te mato, maricón».

Fue el detonante de una agresión gratuita y cobarde, en la que Samuel fue golpeado y arrojado al suelo por este joven y otro amigo, a quienes pronto se unieron al menos otros tres conocidos menores de edad. Lo persiguieron después de que a duras penas pudiese levantarse y cruzar la calle para huir. Durante 150 metros, le dieron decenas de puñetazos y patadas, pero los golpes que lo mataron fueron varios y descargados en la cabeza con objetos contundentes. Una de las armas fue una botella de vidrio. Otra posiblemente un objeto metálico aún sin identificar. La autopsia indica que murió por traumatismo craneoencefálico y tenía al menos tres fracturas.

Mientras estos cinco sospechosos del crimen –todos encarcelados, dos en prisión y tres en centros de menores– representan lo más vergonzoso del género humano, otro hombre, el senegalés Ibrahima Diack, simbolizó esa noche la parte más noble. No solo trató de ayudar a la víctima junto a su compatriota Magatte sino que incluso le protegió de los golpes con su cuerpo, recibiendo por ello también una auténtica paliza.

Tanto fue así que los responsables policiales desvelaron este lunes que los cinco encarcelados están investigados por el homicidio de Samuel, pero también por el intento de homicidio de Ibrahima. Ambos senegaleses, que carecían de papeles, han recibido permisos de trabajo y residencia del Gobierno por su valentía. La sexta detenida, la novia de uno de los principales agresores, está en libertad con obligación de comparecer ante el juez e imputada como encubridora de los delitos.Todavía puede haber más arrestos, pues los agentes no dan la investigación por concluida.

Aunque buena parte de la población percibió desde un principio la brutal agresión como un acto radical de homofobia. Los responsables policiales aclararon que aún carecen de elemento alguno que les permita sostener legalmente que se está ante un crimen de odio pese a la toma de 41 declaraciones (incluidas las de los dos amigas de la videoconferencia) y el estudio de perfiles de redes sociales y del contenido incriminatorio de los móviles de los detenidos, que intentaron destruir sin éxito. «A fecha de hoy no está comprobada esa motivación», aclaró José Luis Balseiro, el jefe superior de Policía de Galicia, aunque añadió que «no están cerradas esas líneas». La investigación, por el momento, no apunta a más «hecho detonante» de la agresión que la discusión por la videollamada. El delegado del Gobierno zanjó el tema diciendo que será la juez instructora quien acabe por determinar si hubo o no móvil homófobo y, por lo tanto, delito de odio.

Lo que sí tiene claro la policía, a la vista de las imágenes de las cámaras y de las pruebas recabadas en interrogatorios, registros y teléfonos móviles es que los cinco encarcelados tienen responsabilidad directa en la agresión mortal. En el caso de los dos principales acusados, los dos mayores de edad encarcelados que iniciaron el ataque, las pruebas parecen contundentes. Sus perfiles de ADN han sido localizados en el cuerpo sin vida de Samuel, en su ropa y en la botella de vidrio, lo que probaría sus golpes.