Justificar la violencia durante el 'procés' se convierte en la principal misión de la Fiscalía

Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena contaban con que el interrogatorio de los acusados iba a ser el momento de mayor debilidad de sus tesis, con todos ellos enrocados en que no hay pruebas de la más mínima violencia ni el 20 de septiembre, durante el asedio a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía, o en la votación del 1 de octubre. Que ninguno de ellos iba a reconocer que instigó a la ciudadanía a crear «muros humanos» para entorpecer la acción de las fuerzas de seguridad el día del referéndum, arriesgándose a que se desataran episodios de violencia. O que ninguno de los implicados iba a admitir que formaron parte de un plan perfectamente organizado para ir aumentando la conflictividad ciudadana contra el Estado.

Tras el interrogatorio de los diez primeros procesados, en el entorno independentista, e incluso entre las defensas de los imputados, está enraizando la creencia de que la Fiscalía se plantea ya acusar solo por desobediencia a pesar de que el Ministerio Público, durante las cuestiones previas, dejó bien clara su postura de seguir manteniendo la rebelión. Pero lo cierto es que en la Fiscalía velan ya las armas para seguir insistiendo en la violencia.

El primer paso de esta nueva estrategia para volver a llevar al centro del juicio la violencia fue el interrogatorio este jueves del diputado y expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Durante cuatro horas todo giró en torno a la existencia o no de ella durante el registro del 20 de septiembre. La Fiscalía va a seguir en esa línea el martes con la comparecencia del otro líder independentista que se subió, megáfono en mano, encima del techo de los 'Patrols' vandalizados de la Guardia Civil, Jordi Cuixart, líder de Ómnium Cultural.

Aunque la opinión pública y la prensa esperan con expectación la declaración la próxima semana de testigos como Mariano Rajoy, Iñigo Urkullu, Soraya Sáenz de Santamaría o Juan Ignacio Zoido, la Fiscalía lo que realmente aguarda con tensión es el interrogatorio de los que considera sus testigos clave en este proceso: los policías y guardias civiles heridos durante las refriegas del 1-O o personas que vivieron en primera persona capítulos violentos durante aquella jornada. El Ministerio Público sabe que se lo juega todo con esos testimonios, pero también sabe que juega con un as en la manga: de los más de 500 testigos aceptados por la sala, 256 lo han sido a propuesta de la Fiscalía. Y la gran mayoría de estas personas están llamadas para apuntalar la tesis de que sí hubo violencia y que ésta fue fruto de un plan (recogido en el famoso documento Enfocat y en el que participaron todos los encausados) para aumentar la tensión con el Estado central hasta forzarle a admitir la secesión de Cataluña. Serán jornadas completas con la violencia encima de la mesa, según la estrategia diseñada por la acusación pública.

La Fiscalía, según han revelado responsables de esta institución, también ultima otro golpe de efecto para tratar de amarrar la rebelión: la exhibición de varios vídeos, algunos inéditos, con episodios de actos violentos por parte de grupos de ciudadanos contra agentes de la Policía y la Guardia Civil el día del referéndum ilegal. Varias de estas grabaciones proceden de los propios funcionarios policiales y son desconocidas por el gran público.

Con estas mimbres la Fiscalía confía en socavar la, por ahora bastante exitosa, táctica de las defensas de sostener que, como mucho, los encausados incurrieron en un delito de desobediencia, al desoír las advertencias del Constitucional de que no celebraran el referéndum secesioniosta del 1 de octubre.