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Los fallos de seguridad en los sistemas del Ministerio de Justicia se han convertido en la pesadilla de este verano de su titular, Rafael Catalá, y su equipo. A las críticas prácticamente unánimes de todos los operadores jurídicos sobre LexNET (el gran sistema de intercambio ... de información entre los abogados y los tribunales) se han sumado las peticiones urgentes de explicaciones en el Congreso y, desde ayer, las reclamaciones de «dimisiones» por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de los responsables de que LexNET el jueves de la pasada semana dejara sin protección datos y documentos de los sumarios que se instruyen en toda España.
Justicia sostiene que aquella vulnerabilidad ya está neutralizada y que ya es imposible, como sucedió, suplantar con un truco sencillísimo (cambiar un número en la barra del navegador) todos y cada uno de los más de 140.000 perfiles abiertos en esta red por abogados, procuradores y funcionarios.
Pero aquí, ni mucho menos han acabado los problemas de Justicia con LexNET, la plataforma que en enero de 2016 se convirtió en la única vía de comunicación entre los letrados y procuradores con la Administración de Justicia.
Y es que el sistema, en el que la Administración se gastó 7,2 millones de euros entre 2010 y 2016, estaba ya obsoleto cuando hace 20 meses se convirtió de uso obligatorio.
Y el Ministerio de Justicia era plenamente consciente entonces de que LexNET, en su puesta de largo, estaba al borde del colapso. Así lo prueba un informe de la Subdirección de General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fechado el 29 de abril de 2016, cuatro meses después de la obligatoriedad de LexNET como único vínculo entre abogados y tribunales. El dossier, denominado 'plan de mejora de LexNET, cuestiones relevantes', admite sin ambages que el sistema que llevaba por entonces siete años de accidentado rodaje, directamente estaba lleno de problemas de envergadura.
El informe reconoce hasta trece graves deficiencias, pero curiosamente, al menos entonces, Justicia no había detectado la mayor falla conocida del sistema: la posibilidad de suplantación de identidad (el departamento que dirige Catalá sigue sin desvelar durante cuánto tiempo existió esta peligrosa 'puerta de atrás').
Los técnicos de la Subdirección de General de Nuevas Tecnologías reconocieron de forma implícita entonces que varias de las deficiencias localizadas eran fruto de la falta de capacidad en el diseño de propio sistema. Los especialistas admitieron «la insuficiente capacidad» (en la actualidad 15 megas) para transmitir ficheros, la «pérdida de información cuando se cuelga» LexNET (sic); que el sistema no está disponible para Mac (lo que sigue ocurriendo) o que el uso de lenguaje de programación Java estaba provocando graves problemas con los navegadores más modernos.
Pero a pesar de que se trataba de problemas estructurales del sistema -tal y como denunciaron entonces varios de los técnicos, sindicatos y letrados- Justicia se limitó a tratar de parchear LexNET, según revela este mismo informe. La Administración intentó hacer frente al colapso de su plataforma con hasta 23 'remiendos', muchos de los cuales no sirvieron de nada, ya que el sistema, más allá de la famosa falla de seguridad, sigue adoleciendo básicamente de los mismos problemas que entonces, tal y como han denunciado durante la última semana centenares de letrados, que se ven imposibilitados, siquiera, de incluir en sus escritos fotografías en color para no saturar la red.
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